La presentación anticipada de la reforma político-electoral propuesta por el Partido Acción Nacional indica y anuncia diversas consecuencias de orden político a nivel general, legislativo y electoral, propiamente dicho.
Desde un punto de vista de política en general, indica que las prioridades temporales del PAN han cambiado. Desde la firma del Pacto por México, en diciembre, el PAN había adelantado que presentaría una reforma electoral hacia el segundo semestre de este año. Es evidente que los acontecimientos en torno de la próxima elección local en Veracruz sirvieron para apresurar la decisión. La precipitación en presentarla también hace de la iniciativa panista una moneda de cambio, ya sea por la estabilidad y la continuidad del Pacto o por alguna reforma que posteriormente envíe el Ejecutivo, cuya aprobación intercambie el PAN por el apoyo del PRI a su reforma electoral, o por ambas.
Desde un punto de vista legislativo tendría hondas y complejas consecuencias la creación del Instituto Nacional Electoral que contiene la propuesta, lo que convertiría al IFE actual en el órgano encargado de organizar todas las elecciones en México, federales y locales por igual, y conllevaría la supresión de 32 institutos electorales estatales como se opera en el presente.
La primera implicación legislativa es que los estados tendrían que prescindir de su legislación electoral local y tener un código único. Esto, sumado a la ya mencionada supresión de los institutos, es probable que enfrentaría poderosas resistencias a nivel estatal. También en el terreno legislativo supondría un alineamiento de fechas electorales de las 32 entidades federativas del país, proceso en el que se ha avanzado pero está muy lejos de alcanzarse y cuyo calendario responde en diversas circunstancias a intereses locales muy específicos.
Perspectivas
Desde un punto de vista electoral son atendibles los argumentos del PAN. Es cierto que muchos institutos electorales estatales no gozan de la imparcialidad que tiene el IFE. La integración de los consejos responde con frecuencia a intereses personales del gobernador, sea del partido que sea. No está garantizada la transparencia ni la confiabilidad en la organización de las elecciones a nivel local, además de que las legislaciones correspondientes en materia local a veces responden, en el sentido amplio y literal, a los usos y costumbres de los integrantes de la Federación, lo que convierte a esas legislaciones en algo así como lo que pretende el magisterio disidente: una evaluación diferenciada, que impide las aplicaciones de normas de criterios generales de Derecho.
Otro argumento del PAN también es defendible. Si se alinearan todas las fechas electorales del país con los comicios federales, intermedios o finales, bastaría un IFE, si acaso ligeramente ampliado, para cubrir las necesidades logísticas de semejante aparato electoral, siempre y cuando, en forma adicional, se le quitaran al IFE algunas funciones de las que le dotó la reforma electoral de 2007, como es el monitoreo de medios y la capacidad de juzgar y de imponer sanciones, funciones propias de un tribunal y no del instituto.
Desde un punto de vista operativo, legal y económico, la propuesta del PAN no suena mal. Hay que insistir: los obstáculos políticos son enormes y de su concreción dependerá en mucho la continuidad del Pacto y la permanencia de Gustavo Madero como presidente del Partido Acción Nacional. Es una discusión que abarca no sólo al Congreso Federal, sino a todos los congresos locales. Habrá que ver qué suerte corre.