Desde hace unas décadas, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo en el mundo y genera entre 32 y 36 mil millones de dólares cada año: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reporta que 20.9 millones de personas, principalmente mujeres y niñas, son víctimas de explotación laboral y sexual, mientras que México ocupa el quinto lugar a nivel mundial y se ha convertido en fuente, tránsito y destino.
Esta semana, en el marco del Día Internacional contra la Trata de personas y Explotación Sexual, el gobierno federal publicó el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con lo cual el presidente Enrique Peña Nieto y la Secretaría de Gobernación (Segob) reafirmaron su compromiso por construir un país libre de esta explotación.
Al respeto, especialistas destacan la necesidad de aplicar estas medidas en concordancia con las recomendaciones internacionales.
Lucha internacional
La Organización de Naciones Unidas (ONU) calcula que casi cuatro millones de mujeres son objeto de trata para la explotación sexual en el mundo; dos millones de niñas —de cinco a 15 años— son llevadas a la industria del sexo cada año, y 500 mil mujeres y niñas en América Latina y el Caribe son explotadas anualmente.
Ante este panorama la comunidad internacional hace un llamado urgente y, a través de diferentes convenciones y protocolos de acción, insta a los gobiernos a implementar políticas y programas por la erradicación.
Las recomendaciones giran en torno de la creación de un sistema de información fidedigno sobre víctimas y redes, así como programas de apoyo.
La doctora Patricia Olamendi, integrante del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre temas de discriminación hacia las mujeres, dice que desde la Convención de Delincuencia Organizada (1998-2000) se tomaron decisiones importantes en la materia y se concluyó que, aun cuando la trata de personas no es un delito que cometa un individuo en solitario, el objetivo principal de los protocolos de acción debe ser la protección de las víctimas: “El eje no debe ser la persecución de delincuentes. El protocolo dota a los países de la norma y de las conductas de los tratantes, pero solo como punto de partida para las legislaciones de cada país”.
Olamendi se enfoca en los agredidos, porque “a la víctima de trata se le priva de su calidad de ser humano; le arrebatan su dignidad, su integridad, y la convierten en un ser terriblemente vulnerable, sin capacidad para tomar decisiones o defenderse”.
Panorama
En México, aunque no existen cifras oficiales, monitoreos y estudios apuntan que casi 80 mil adultos y 20 mil menores son explotados sexualmente cada año.
La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATW-LAC, por sus siglas en inglés), por ejemplo, reporta que en La Merced hay al menos cinco mil mujeres y mil 500 niñas en situación de explotación sexual, con la colusión de policías, funcionarios, autoridades y gobernantes, y que la mayoría de ellas es víctima de trata y otras formas de esclavitud.
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