La escena, para quienes salen o llegan al aeropuerto capitalino, es patética: en el pasillo, una alcancía para recibir donativos; en el fondo, una improvisada tienda de campaña en cuyo interior se debate entre la vida y la muerte una mujer en larga huelga de hambre; los rostros desencajados en la inútil espera, y los uniformes de tres años de uso cotidiano para identificar la protesta.
Y en medio de los reclamos, mantas como vallas, las fotografías de quienes se ubica como responsables: los funcionarios o ex funcionarios públicos que permitieron la ilegal salida de las pistas de Mexicana de Aviación.
Ahí también los presidentes de las empresas aéreas, a quienes se señala como beneficiarias de la desgracia ajena.
El muro de lamentaciones. La Corte de los Milagros. La tenacidad indomable ante la injusticia y la impunidad. El amor a la camiseta. La resistencia obstinada.
Amarillenta ya la página, la única alternativa para los ocho mil 500 trabajadores de la línea aérea, precursora de la aviación comercial en el país, será recibir las instalaciones de la empresa de mantenimiento conocida por sus siglas como MRO, único negocio en marcha tras la salida de las pistas de la compañía.
La joya de la corona con posibilidad, dadas las licencias con que cuenta, de convertirse en el taller de mantenimiento de aviones más importante del país, con clientela de todos los rincones del planeta.
Pero eso es a futuro
Por lo pronto los activos de la firma, que codiciaba la Tenedora K a cambio de las acciones que le compró en mil pesos al anterior dueño, Gastón Azcárraga Andrade, valen 20 millones de dólares.
Migajas frente a la desaparición del fondo laboral de la compañía, cuyo monto se calcula conservadoramente en mil 200 millones de pesos.
Mientras tanto, colocadas en línea tres denuncias penales por administración fraudulenta por los tres sindicatos de la empresa, personal de vuelo, pilotos y trabajadores de tierra, no hay aún siquiera un citatorio contra el ex dueño de la compañía.
La tarea punitiva del gobierno, quien vía el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, permitió la venta ilegal de las acciones de la empresa, se ha centrado en el exdirector general, Manuel Borja Chico, y en uno de los exintegrantes del Consejo de Administración, Ricardo Bastón Aguilar.
Los cargos: evasión y defraudación fiscal.
En el aire
Sin embargo, estos, el primero prófugo tras emitirse una orden de aprehensión en su contra, la han librado hasta hoy.
Se desvaneció, pues, una primera acusación de evasión fiscal por 110 millones de pesos que según Hacienda no fueron enterados en 2010, bajo el marco del Impuesto Sobre la Renta.
Se desvaneció otro cargo similar, este por 56 millones de pesos.
Y aunque pesa contra los acusados otra denuncia, esta por defraudación fiscal, es decir, retener el tributo a los causantes y no enterarlo al fisco, por doce millones 857 mil 326 pesos, no pareciera que ninguno de ellos pise la cárcel.
Lo demás está en el aire: la contratación de préstamos con garantía de bienes de la empresa, cuyo destino es incierto; la venta de la torre insignia de la compañía ubicada en la colonia Del Valle, por 35 millones de dólares; el fondo de 100 millones en billetes verdes que tenía la firma al momento de su compra por el accionista principal del grupo hotelero Posadas.
La batalla de los trabajadores de Mexicana.