No se podía esperar más; tampoco menos. Eso podría ser un balance razonable del nuevo mensaje a la nación enviado por el presidente Enrique Peña Nieto con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.
Había que repasar, merecidamente, el logro de las once reformas estructurales aprobadas a lo largo de los primeros 19 meses de gobierno. Se ha hablado mucho de ellas. Cabe preguntarse qué tanto la ciudadanía conoce sus contenidos y alcances.
¿Por qué con la nueva Ley Federal de Competencia México tendrá mercados de factores y productos más eficientes y más atractivos para las inversiones interesadas en participar en economías abiertas? ¿Por qué la reforma educativa trasciende la modificación a una relación laboral y sienta las bases de un modelo de educación, enseñanza y aprendizaje radicalmente distinto al pasado? ¿En qué forma el modelo integral de reforma energética permitirá que México, todos, maximicen la renta petrolera de la nación?
Son preguntas en que las respuestas del gobierno deben profundizar en meses por venir. El avance ha sido descomunal en un periodo histórico muy corto. Quizá la pregunta más importante, la que tal vez por cortesía no respondió el presidente de la República en su mensaje es: ¿por qué el sistema político mexicano tardó lustros y en algunos casos décadas para llegar a las reformas que han sido aprobadas?
El mensaje fue parco en la descripción de la situación económica presente. Ni se tiene el crecimiento económicamente deseable, como tampoco México está en recesión o como algunos opositores afirman en absoluto estancamiento, cuando los números son del orden de 2.4%. Si ese fuera el caso volteemos a ver, por ejemplo, a Suiza, país que ocupa el primer lugar mundial de competitividad y cuya economía no crece, cero, desde hace cinco meses.
La promesa de un rápido crecimiento económico en 2015 era obligada, no solo en forma retórica. Se han puesto los fundamentos. En su primer año de vigencia la reforma energética atraerá como mínimo 30 mil millones de dólares, inversión equivalente a dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Tan solo en su primer año, muy lejos de la etapa pico de inversión en esa industria que podría llegar en 2018 a unos 90 mil millones de dólares.
Razones
A principios de 2014 el gobierno puso el acento en un ambicioso programa para el resto del sexenio en lo que se refiere a infraestructura. Obras de acompañamiento a la reforma energética, pero sobre todo transporte y comunicaciones. Decía una prestigiada experta en combate a la pobreza que la única solución no efímera, de largo plazo a este problema, es la conectividad entre localidades, pueblos, ciudades y naciones. En este sentido es de celebrarse el anuncio de la joya de la corona: el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
No es una simple ampliación. Aun cuando se construirá en terrenos contiguos a las terminales uno y dos del actual aeropuerto de la capital de la República constituye una concepción diferente que dotará, con sus nuevas instalaciones, de una funcionalidad a las terminales uno y dos que ya no tienen.
Es un proyecto transexenal. El presidente Enrique Peña Nieto no estará cortando el listón inaugural de esa obra de 120 mil millones de pesos y que cuadriplicará la capacidad de movimiento de pasajeros anual de la Ciudad de México, multiplicará por más de cinco las conexiones nacionales y por más de seis las comunicaciones internacionales del país.
¿Por qué en 2001 cuando Vicente Fox anunció el nuevo aeropuerto los macheteros de San Salvador Atenco lo impidieron y tuvieron que pasar 13 años? Por muchas razones, entre otras, dos fundamentales: porque Peña Nieto no es Fox y Miguel Ángel Mancera, por perredista que sea, es un hombre responsable y no es Andrés Manuel López Obrador. Por eso. Habrá aeropuerto, riqueza, derrama económica, justicia a las poblaciones afectadas y aplicación de la ley. Por todo eso.