Cuando el gobierno de la República impulsó el impuesto a los gorditos, el que afecta a los alimentos y bebidas con más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos, dijo que lo hacía para mejorar la salud de los ciudadanos.
Los funcionarios y legisladores, de hecho, subrayaban que su principal preocupación eran los niños, a quienes querían evitar problemas de sobrepeso u obesidad.
Lo curioso es que apenas en el primer año de aplicación ya el gobierno ha llenado de agujeros este Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).
Empezó, de hecho, antes de que se aplicara: alguien en el gobierno se dio cuenta de que por arriba del límite de 275 kilocalorías se encontraban muchos productos de consumo masivo, de manera que emitió una larga lista de productos con alto contenido calórico que no tendrían que pagarlo, entre ellos tortilla de maíz, harina de maíz, nixtamal, masa de maíz, alimentos a base de maíz sin azúcares, tortilla de harina de trigo, pasta de harina de trigo para sopa (sin especias, condimentos, relleno ni verduras), bolillo, telera, baguette, chapata, pan de caja, harina de trigo blanca o integral, alimentos a base de cereales de trigo sin azúcares y alimentos a base de cereales para lactantes y niños de corta edad.
Los funcionarios han explicado estas exenciones diciendo que productos como la tortilla y el pan son de consumo masivo y por lo tanto no deben tener impuesto.
Pero si el propósito del gravamen era reducir el consumo de alimentos con alto contenido calórico, ¿entonces por qué exentar precisamente a los de mayor consumo?
Uno pensaría que para conseguir el objetivo que se buscaba, la salud de los mexicanos, lo apropiado sería precisamente castigar a los productos engordantes más populares.
Motivos
Pero no han quedado ahí las excepciones del gobierno federal a las reglas que él mismo estableció para combatir el sobrepeso y la obesidad. A través de su programa Crezcamos Juntos el régimen ha decidido ahora exentar o reducir el EPS a los productos que vendan los informales que se incorporen a la formalidad.
En otras palabras: quienes han estado pagando impuestos de manera normal toda su vida no tendrán apoyo, pero sí quienes han violado la ley.
Quienes se incorporen a la formalidad recibirán subsidios, por ejemplo, en sus cuotas del Seguro Social, pero además no pagarán el impuesto a los gorditos.
Aunque si se creó el impuesto para preservar la salud de la gente, ¿por qué se permite que algunos sí puedan dañarla? No se entiende la lógica.
No hay ninguna indicación de que el impuesto a los gorditos vaya ayudar a disminuir el sobrepeso y la obesidad ni en niños ni en adultos. Esto queda de manifiesto en el hecho de que la propia autoridad no ha ofrecido ningún objetivo de reducción en estas condiciones por el impuesto.
Si algún beneficio se podía obtener con la medida, este se borra por la exención a los alimentos con alto contenido calórico con mayor consumo y a los informales. La salud parece haber sido el menos importante de los motivos del gobierno al establecer el impuesto a los gorditos.