La extracción de animales silvestres de su hábitat natural para convertirlas en mascotas es parte de una problemática y un delito que impactan a la biodiversidad de México.
“Esta actividad es uno de los negocios más lucrativos del mundo, sólo superado por el de armas y el de estupefacientes”, indica Adrián Reuter, biólogo y representante de Traffic México.
“Por ejemplo, en 2001, hubo cuatro mil 500 decomisos internacionales que ascendieron a más de 125 toneladas de marfil. ¡Imaginemos cuántos elefantes fueron utilizados para esto!”, advierte.
Agrega que tan sólo en 2005 el comercio internacional de especies generó al menos 249 mil millones de euros.
Joel González Moreno, director general de Inspección y vigilancia de vida silvestre, recursos marinos y ecosistemas costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), indica por su parte que el tráfico de especies es la segunda mayor amenaza para la vida silvestre, después de la destrucción de su hábitat.
Es por ello necesario, dice, que exista una sinergia con la Procuraduría General de la República y con la Policía Federal para tratar de erradicar esta problemática.
Señala que “al día de hoy existen procuradurías ambientales estatales que buscan todavía mecanismos para que se pueda aplicar la ley”, pues su carencia dificulta la labor de la Profepa.
Los expertos insisten en que mejorar la comunicación entre los distintos sectores, instituciones y el personal responsable de la gestión de la fauna y flora silvestres en México, así como su capacidad para interactuar efectivamente, es de vital importancia para mejorar la implementación de los marcos legales nacionales e internacionales en esta materia.
Marco legal
El marco legal en México incluye varios instrumentos para promover la protección y el uso sostenible de los recursos naturales, incluyendo la flora y la fauna.
Sin embargo, se percibe una pérdida de rumbo en cuanto al espíritu de la ley en esta materia, así como la necesidad de dar mayor coherencia al marco jurídico y a la relación entre leyes y programas.
En el país, conforme al artículo 420 fracciones IV y V del Código Penal Federal, se imponen penas de entre 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3,000 días de salario mínimo de multa a quien ilícitamente realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo algún ejemplar en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte.
Empero, algunas modificaciones realizadas por el poder Legislativo a otras leyes relevantes, como por ejemplo la Ley General de Vida Silvestre en sus artículos 55 bis, 60 bis, 60 bis 1 y 60 bis 2, han sido motivo de mucha discusión sobre los beneficios que en realidad brindan, existiendo grandes dudas sobre los mismos.
A decir de los expertos, es importante que se revisen los elementos del marco legal nacional que tienen que ver con la vida silvestre.