Miles de manifestantes marcharon por el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México y otros lugares del país el 8 de octubre en protesta por la matanza y desaparición de decenas de estudiantes normalistas el 26 de septiembre en Iguala.
Al final de la marcha Cuauhtémoc Cárdenas fue insultado por un grupo de manifestantes, quienes le arrojaron objetos. El escritor y maestro emérito universitario Adolfo Gilly, quien lo acompañaba, resultó descalabrado.
Antes un grupo de 20 encapuchados bloqueó la avenida Insurgentes de la Ciudad de México durante un par de horas, afectando a 15 mil usuarios del Metrobús y a miles de automovilistas.
Otros manifestantes bloquearon, como ya es costumbre, la Autopista del Sol en Chilpancingo y destrozaron la alcaldía de Tlapa en la región de la montaña de Guerrero.
En Oaxaca los normalistas y sus aliados de la Sección 22 bloquearon numerosas carreteras y calles en todo el estado.
El ambiente en el país se tensa. La policía ya no se atreve a intervenir en ningún bloqueo de vías de comunicación. Las pérdidas en Oaxaca por el plantón de la Sección 22 del SNTE alcanzan ya cifras millonarias. Decenas de negocios del centro histórico han tenido que cerrar sus puertas y ha habido una consecuente pérdida de empleos.
El gobierno federal intentó quizá por eso desarticular el movimiento del Instituto Politécnico Nacional rindiéndose incondicionalmente en la primera negociación, la cual se realizó directamente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. Se tomó incluso la decisión de descabezar a la institución educativa al forzar la renuncia de la directora y del secretario general.
Pero de nada sirvió: los líderes del movimiento rechazaron la rendición incondicional del gobierno.
Politización
La descomposición se manifiesta también en otros ámbitos. El 30 de junio, 22 personas murieron en lo que la Sedena caracterizó como un enfrentamiento entre soldados y criminales. Durante meses las autoridades mantuvieron esta versión a pesar de que crecían los indicios de una ejecución. Finalmente, bajo presión de los medios, el gobierno tuvo que actuar. El Ejército está procesando por faltas a la disciplina militar a algunos de los militares, mientras que la Procuraduría General de la República, que en un principio se negó a investigar los hechos, ha iniciado procesos penales en contra de varios de los militares.
Algunos de ellos están molestos porque dicen que se les castiga por enfrentar con dureza a criminales que juegan sucio.
Las autoridades tratan de moverse con rapidez en los temas más candentes. José Luis Abarca, presidente municipal con licencia de Iguala, ha sido señalado como presunto responsable de homicidio y desaparición forzosa. Se han encontrado unas fosas clandestinas con cuerpos que podrían ser de normalistas. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se ha desplazado a Iguala para encabezar las investigaciones.
Pero este y otros temas ya se han politizado. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que ha tratado de presentarse como abierto y tolerante, hoy enfrenta acusaciones de omisión por presuntas graves violaciones a los derechos humanos, poco importa que el lugar en el que se registró la matanza de los normalistas sea Iguala, donde el gobierno municipal y el estatal eran del PRD. La politización se refleja en los ánimos encendidos. Cuauhtémoc Cárdenas bien puede atestiguarlo.