Está fuera de discusión que en el México de 2014 es inadmisible que desaparezcan en un incidente violento 43 normalistas y mucho menos que no haya al día de hoy una cabal, plena, consistente y creíble versión de lo sucedido y sus porqués. Sin embargo, hay que reparar en las profundas consecuencias que esto tiene al día de hoy.
Son absolutamente entendibles la cólera, la tristeza y el reclamo de parientes y compañeros de escuela. Toda desaparición y en su caso toda muerte cercana conlleva un estado de ánimo más allá de lo racional en el contexto de la normalidad. Sorprende, no obstante, que de pronto haya miles, decenas de miles de indignados solidarios en todo el país, en los medios, en el ámbito internacional, en la convergencia de diversos movimientos sociales de signo y sentido diferentes, que en el facilismo periodístico renuncian al análisis del entorno y a la complejidad inherente a nuestro tiempo y culpabilizan, en correspondencia a su autovictimización colectiva, a toda autoridad constituida y aprovechan para descalificar y descarrilar una incipiente agenda de éxito que el país y todos los mexicanos comenzaban a construir y concretar.
No deja de asombrar la furia justiciera de la opinión pública cuando en el gobierno de Felipe Calderón oficialmente hubo 22 mil desaparecidos y no pasó nada. Las opiniones nacional e internacional guardaron silencio. Llama la atención y hay que insistir en el hecho del historial violento y guerrillero de la normal rural de Ayotzinapa y el asesinato de un trabajador de una gasolinera, impune y documentado, en una de sus movilizaciones hace apenas un año. A todos los indignados de hoy les dio lo mismo.
Un analista de primera, José Carreño Carlón, actual director del Fondo de Cultura Económica, reflexionaba: “…la ausencia, hasta el momento, de una historia cabal de los normalistas desaparecidos ha logrado empañar, como admitió el presidente, no solo los logros en materia de seguridad, sino que incluso se ha tratado de cuestionar desde este vacío narrativo todo el balance reformista de estos 22 meses”.
Prosigue: “En este marco, han sido copiosas las versiones especulativas sobre lo que habría realmente ocurrido. Y ha sido atronadora la tormenta de inferencias sobre sus significados y sus reales o supuestos efectos no solo en la vida pública nacional sino también en el lugar de México en la escena internacional”.
Ligereza
Tiene razón. La indagatoria del gobierno federal que le fue turnada dos semanas después de los hechos no ha permitido construir una narrativa completa y concluyente, y no solo a base de anticipos y avances preliminares, que reconvierta el principio de un conflicto social en lo que es realmente: un incidente criminal incalificable que no puede quedar en la impunidad. Pero ese hecho no puede invalidar la agenda de logros y objetivos de la administración en su conjunto.
Se ha afirmado con ligereza que los hechos de Iguala acabaron con el mexican moment que hicieron posible las reformas estructurales, algunas de ellas de las más importantes de los últimos 75 años. Se equivocan. Una cosa son los medios internacionales cuyo negocio es vender notas de coyuntura y otra la lectura de lo acontecido por parte de inversionistas nacionales y extranjeros que siguen viendo hoy en las reformas estructurales la oportunidad única e histórica de impulsar el crecimiento económico de México pospuesto por más de una década, la creación de empleos y una reforma educativa de largo aliento que convierta a los jóvenes mexicanos en competitivos, productivos y con un horizonte de vida distinto al de las generaciones que los precedieron.
Es dramático lo ocurrido, pero el país no se puede extraviar de lo importante y de los pasos tan significativos que se han dado en estos dos últimos años.