En esta ocasión el repunte de la violencia criminal ha tenido como casos destacados los hechos de Iguala, así como el asesinato de dos activistas sociales que mediante diversos recursos mediáticos hacían frente a expresiones delictivas en Culiacán y Reynosa.
Además, desde luego, de los constantes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y delincuentes y las ejecuciones entre los propios grupos criminales.
La colusión de las corporaciones policiales municipales ha llegado al extremo en donde la opinión pública y la ciudadanía en general se preguntan sobre la viabilidad de las mismas ante su notable fracaso, al menos en lo que hace a los casos arriba citados.
El mismo presidente de la República, frente a los dramáticos y muy graves acontecimiento en Iguala, ha tenido que anunciar que en doce municipios del estado de Guerrero y uno del Estado de México las policías locales fueron destituidas y sujetas a investigación por fundadas sospechas de su colaboración con el crimen organizado.
Pero también se han conocido datos no menos impactantes: según un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre enero de 2006 y junio de 2014 han sido detenidos y presentados ante la autoridad 130 mil personas que participaron directamente en situaciones criminales: posesión de armas prohibidas, tráfico de enervantes o precursores químicos, resistencia a la autoridad, secuestros, entre otras modalidades. De ese número solo han sido sentenciados a la fecha 700, es decir, apenas 0.06%. No hay otra conclusión: existe una muy grave debilidad estructural del Poder Judicial en la enorme mayoría de sus componentes y fases.
Crucial
Por otra parte, debemos considerar el estado crítico de los sistemas penitenciarios locales en aspectos como el perfil de los internos, los aspectos financieros y físicos, la difundida corrupción interna, además del control que en muchos de ellos tienen los criminales para seguir cometiendo delitos desde su reclusión.
En cualquier mes e incluso semana podemos conocer por los medios de comunicación dichas situaciones.
En el caso de los centros penitenciarios de la Federación la sobrepoblación es uno de los principales problemas.
Ante este panorama, la capacidad de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones como las divisiones de la Policía Federal es crucial para recuperar la paz pública y la vigencia del Estado de Derecho. Las otras partes de ese proceso, como son la reestructuración de las corporaciones policiales locales, el sistema judicial y la aplicación de la ley, así como la funcionalización del sistema penitenciario en general, no están a la altura de los esfuerzos realizados hasta el momento.
La sacudida que han representado los acontecimientos reseñados al inicio de esta colaboración también, a diferencia de otros casos, han incluido respuestas o protestas sociales locales y nacionales. Sea por la razón que fuere, la inconformidad social ante la muy prolongada ruta del miedo, el dolor y la desesperanza que México ha recorrido en los últimos diez años comienza a evidenciar la creación de condiciones para las manifestaciones que pretenden la procuración de justicia por propia mano.
Las policías comunitarias en Guerrero y las autodefensas en Michoacán nos recuerdan que esa vía ya es factible. Pero no deseable.