Un general del Estado Mayor Presidencial resultó herido en el intento de evitar que se vandalizara el Palacio Nacional.
No sabemos el nombre del militar ni la naturaleza de sus heridas. Dos días después un policía estatal fue pateado por normalistas en el puerto de Acapulco. Murió al día siguiente. Tampoco sabemos su nombre.
Ambas notas fueron manejadas con enorme reserva por parte de los medios. Un perfil bajo. Se trata evidentemente de no criminalizar la inconformidad y la protesta social generada por los acontecimientos de los normalistas rurales en Iguala y sus alrededores.
El Estado mexicano está haciendo un verdadero esfuerzo por reencauzar la vida institucional del país a vías de normalidad. Nunca en la historia de México se había realizado una investigación judicial con tal precisión y prontitud como la que informó el procurador general de la República.
Y aun así, cuando los hallazgos, pruebas y testimonios apuntan a que los normalistas fueron brutalmente asesinados, el procurador tuvo la prudencia casi excesiva de declarar que la situación jurídica de los estudiantes de Ayotzinapa es la de formalmente desaparecidos en tanto que los laboratorios austriacos no resuelvan sobre el ADN de los restos que les fueron enviados para determinar, más allá de cualquier duda razonable, que pertenecen a los 43 desaparecidos.
Continúa el enojo público. La indignación se expresa en contra del gobierno federal, aunque fue el gobierno estatal el que impidió el acceso a la indagatoria criminal durante largos diez días.
No recuerdo ninguna manifestación condenando la presunta autoría intelectual del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, ya consignado, y de su esposa María de los Ángeles Pineda, hoy en arraigo judicial.
No hay crónica de alguna movilización de los inconformes reclamando la responsabilidad omisa del ex gobernador Ángel Aguirre. Mucho menos los que se dicen profundamente indignados se han pronunciado en contra del crimen organizado y de los sicarios que los desaparecieron y seguramente asesinaron.
Perversidad
En las manifestaciones de los últimos días, en especial en el fallido intento de penetrar a Palacio Nacional por la puerta Mariana, es obvia la intención de provocar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades para lograr una víctima o varias entre jóvenes urbanos.
Hasta ahora no han podido lograr que la autoridad federal incurra en un acto de violencia y es importante que eso no suceda, porque eso es precisamente lo que están buscando para darle al movimiento un cariz y alcance muy distinto.
En los próximos días, y tal vez semanas, los grupos que pretenden linchar al gobierno federal radicalizarán sus acciones para crear condiciones de desorden público sin que las autoridades deban intervenir.
En este sentido, amplios sectores de la población deben salir de la indiferencia y expresar su rechazo a una protesta mal dirigida, peor fundada e inconducente, como lo saben muy bien. Es prácticamente imposible su presentación vivos. Nadie está obligado a lo imposible y menos si no se es responsable de ese crimen.
Si tienen otros motivos inconfesables es hora de que las autoridades indaguen y revelen esos intereses y dejen al descubierto la perversidad de un intento subversivo que puede dañar gravemente la vida cotidiana de millones que, sin falsas culpabilidades, nada tenemos que ver con la protesta.