Al momento de redactar esta colaboración faltan un par de días para que, de acuerdo con las afirmaciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, el presidente de la República haga una serie de anuncios respecto de medidas de fondo para recuperar el sentido de la convivencia y la tranquilidad en el territorio y ambientes nacionales. La expectación, desde luego, va en aumento.
Los acontecimientos de Iguala, aunados a la prolongada y difícil situación de la economía y a la pérdida de dirección en política exterior, propician un ambiente tenso, de preocupación. La virulencia de las manifestaciones de apoyo a las familias de los estudiantes normalistas no presentados de Ayotzinapa ha incrementado de forma notable la desazón respecto de la capacidad de gestión política y de comunicación del gobierno de la República.
Para la recuperación de la paz y el orden público contamos con una considerable cantidad de diagnósticos y recomendaciones nacionales e internacionales, públicos, privados y de organismos multilaterales. Ya se sabe dónde está el problema y lo que hay que hacer.
Sin embargo, nos hemos demorado en tomar acciones. Por muchas razones, pero sobre todo porque no ha habido ni la precisión ni los pasos a seguir de parte de las oficinas públicas encargadas de atender la grave situación de inseguridad pública y sus ya notables efectos sobre la realidad nacional.
Incluso los datos a la baja en los principales indicadores de los delitos más perniciosos han repuntado otra vez. A pesar de la creación de leyes, procedimientos y corporaciones, entre otras medidas más reactivas que planificadas, evaluadas y corregidas, hoy nos enfrentamos al serio problema de por dónde y cómo empezar, no obstante la altísima cuota de dolor, miedo, impotencia, corrupción e impunidad que hemos pagado y padecido en los últimos años.
Fundamentales
Ya se han apuntado desde este espacio cuatro medidas indispensables para regresar a la convivencia, el respeto a las leyes y al ejemplar ejercicio del servicio público.
La primera se refiere a la reconstitución de las policías. Sean locales, estatales o federales, se requiere un sustancial ajuste para lograr la coordinación, capacitación y adiestramiento. Por supuesto que el énfasis debe hacerse en las corporaciones locales, que es donde los programas y presupuestos federales han sido un rotundo fracaso. El primer contacto del ciudadano con las estructuras de gobierno es con las policías y su descrédito se extiende, quizá de forma inapropiada, al resto de la administración pública.
La segunda medida alude a la refuncionalización de los sistemas penitenciarios estatales y federales. Si bien es cierto que hay un notable control en los reclusorios a cargo del gobierno federal, las condiciones para la readaptación en su conjunto no cumplen con su cometido. Debe producirse un nuevo esquema. Se trata de la parte sustancial y ejemplar de que quien viole la ley, y así se compruebe, merece una sanción.
La tercera medida, desde luego, es un verdadero y decidido apoyo y compromiso del Poder Judicial para cumplir y hacer cumplir la ley. Los niveles de impunidad, por mucho, son el principal aliciente para que las poderosas bandas de criminales agredan sin descanso y disfruten de sus recursos mal habidos. Sin justicia oportuna, imparcial y expedita, no habrá paz social.
La cuarta y última se refiere a quiénes deben llevar a cabo la tarea. En todas las áreas de la vida nacional están “los mismos de siempre”. Se requieren nuevos perfiles.
Esperemos que el presidente Enrique Peña Nieto considere alguna o varias de las medidas aquí planteadas. Ya lo analizaremos.