Mancera y la comunicación

En los tiempos actuales resulta frecuente que el acto de gobierno se confunda con el acto comunicacional: uno y otro dependen entre sí recíprocamente para una adecuada evaluación política y no es de sorprender esa aparente confusión, dado el peso indiscutible de los medios de comunicación de toda índole.

Juan Gabriel Valencia
Columnas
Miguel Ángel Mancera, titular del GDF
Foto: Internet

En los tiempos actuales resulta frecuente que el acto de gobierno se confunda con el acto comunicacional: uno y otro dependen entre sí recíprocamente para una adecuada evaluación política y no es de sorprender esa aparente confusión, dado el peso indiscutible de los medios de comunicación de toda índole.

En este sentido, hay que poner en perspectiva los cuarenta y tantos días de actuación del jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera.

Nadie duda del inédito resultado alcanzado en la pasada elección por el hoy titular del GDF.

Se supo granjear la simpatía de los votantes por encima de los números obtenidos por la coalición de las izquierdas.

Ese resultado no sólo es mérito de las anteriores administraciones de la capital: Mancera tuvo lo suyo propio.

Sin filiación partidaria formal, proyectó una personalidad objetiva, sensata e incluyente.

Sin embargo, ya se han presentado claroscuros que pueden haber sido malas decisiones políticas o malas decisiones en materia de comunicación, o ambas.

Cuidado

Después del vandalismo del 1 de diciembre, finalmente se consignó a 14 personas al amparo del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, que les cancelaba el derecho a fianza.

Las izquierdas de la Asamblea Legislativa decidieron reformar ese artículo con dedicatoria personal, a fin de que enfrentaran su juicio en libertad.

Aprobaron la reforma una noche y apenas a la mañana siguiente el jefe de gobierno la promulgó.

Un desaseo.

Siquiera podría haber esperado algunos días.

Hay quienes afirman, no sin razón, que esa prontitud para promulgar la reforma sirvió para que la Asamblea Legislativa midiera al jefe de gobierno.

Luego vino un fallido intento de incluir en la Ley de Ingresos del Distrito Federal un nuevo gravamen al alumbrado público. Se opuso la ALDF y al final nadie asumió la responsabilidad de esa iniciativa.

En forma posterior se estableció la tenencia vehicular a automóviles con un precio de mercado superior a los 250 mil pesos, cuando en los estados aledaños al DF ese impuesto ha sido suprimido.

El efecto negativo es doble: se desalientan las ventas de las agencias automotrices de la Ciudad de México y se incentiva la venta de vehículos y su consecuente emplacamiento en otras entidades, como el Estado de México, donde la tenencia ha sido eliminada.

La muerte trágica de seis personas en el Cerro de la Estrella se convirtió en un sainete de opinión pública, con 54 canes detenidos por supuestamente haber participado en esos homicidios en jauría.

Las explicaciones iniciales fueron muy confusas.

Mancera se deslindó del trabajo pericial y responsabilizó al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Después, tardíamente, cuando el tema ya se había convertido en chiste de banqueta, la Procuraduría capitalina confirmó los peritajes, aunque sin poder establecer si los perros que habían sido asegurados eran los que habían participado en la muerte de las víctimas.

El fin de semana pasado las autoridades del DF anunciaron, primero, que había habido doce homicidios; con posterioridad, dijeron que eran 18.

Más adelante, se confirmó que fueron 23, cuando el promedio de homicidios diarios en el Distrito Federal era de dos.

El jefe de gobierno se refirió a estos hechos como atípicos e inusuales.

Afirmó que no estaban vinculados al crimen organizado, pero deslizó la hipótesis de que algunas de esas muertes se debieron a enfrentamientos de bandas rivales de traficantes de enervantes al menudeo.

¿En qué quedamos?

¿Estuvieron o no esos homicidios vinculados al crimen organizado?

Es importante que Mancera se mantenga en los medios.

Lo es para la ciudad y para él mismo.

Pero deben ser más cuidadosos en la manera y los contenidos comunicacionales de las opiniones del gobierno de la Ciudad de México.