En pleno arranque del año electoral 2015 diversas decisiones obligan a reflexionar sobre las imperfecciones del sistema de partidos y la relativa imprevisión de la legislación electoral vigente.
En cuanto a las imperfecciones del sistema de partidos el mejor ejemplo lo está ofreciendo el Partido de la Revolución Democrática. Hay que recordar que apenas el año pasado el PRD eligió a su dirigencia nacional. Para la contienda interna se registraron varias fórmulas, no solo una, aunque tampoco se debe olvidar que Cuauhtémoc Cárdenas no se inscribió porque anunció la posibilidad de presidir al PRD únicamente si era candidato de unidad y se cancelaba la contienda interna. Genio y figura, como en el viejo PRI del que proviene.
La competencia electoral se llevó a cabo y ganó Carlos Navarrete en una pésima fecha, 28 de septiembre: dos días después de lo ocurrido en Iguala y cuando ya se hablaba de la posible responsabilidad penal del presidente municipal de esa ciudad, militante del PRD junto con su esposa. Pero nadie, ni los adversarios internos, impugnó la elección.
Inicialmente la nueva dirigencia expresó su decisión de expulsar del partido al presidente municipal José Luis Abarca. Aprehendido y consignado posteriormente, los dirigentes del PRD guardaron silencio. La turbulencia interna creció y comenzaron las defecciones, como la de Cuauhtémoc Cárdenas, su grupo cercano y el senador Mario Delgado.
Interrogantes
Ahora declina a la candidatura del PRD por el estado de Guerrero el senador Armando Ríos Piter, inconforme por las condiciones que su dirigencia nacional pretendía imponerle para esa candidatura, aun cuando Ríos Piter era el puntero de todas las encuestas.
Aparentemente el trato era la candidatura a cambio de darle la vuelta a la página de la licencia confusa y controversial del ex gobernador Ángel Heladio Aguirre, condición que Ríos Piter no aceptó. Pero no nos sorprendamos: todas las dirigencias nacionales de todos los partidos priorizan, por encima de cualquier otra consideración, ganar elecciones y prácticamente en ningún partido funcionan las instancias de ética más que cuando se trata de disidencias electoralmente costosas para ese partido o de plano cuando se trata de traiciones.
No hay control público y mucho menos legal sobre la ética en la vida interna de las organizaciones políticas clave para el adecuado funcionamiento de la democracia mexicana.
Por otro lado, hemos presenciado la separación de múltiples funcionarios del cargo para el que fueron electos con el fin de contender por otro. Así lo exige la legislación. ¿Es eso lo adecuado? Prácticamente en cualquier democracia avanzada uno puede optar por un cargo de elección popular a futuro desde el cargo que ocupa en el presente.
El sistema legal mexicano a lo que obliga es a que los renunciantes sean sustituidos por funcionarios designados por otras autoridades o en el mejor de los casos por sus suplentes. En ambas situaciones por ninguno que haya sido electo directamente por la ciudadanía.
Lo anterior desvirtúa a la democracia representativa y abre espacios de oportunidad a ciudadanos que no compitieron por la confianza de la gente.
Los ejemplos anteriores abren interrogantes que más temprano que tarde, después de la elección, forzarán a una enésima revisión de las leyes electorales mexicanas fundadas en la sospecha ciudadana y en la manga ancha para las dirigencias partidarias. No es lo más sano.