La salida de Alfredo Castillo como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado de Michoacán tiene y habrá de tener muchas lecturas.
El lugar común de los opositores a su gestión será el decir que fracasaron la figura jurídica y la persona. El virrey, dirán muchos. Es más complejo que eso.
La llegada del comisionado a Michoacán marca un antes y después en diversas situaciones.
Contextualicemos: la lucha del presidente Calderón en contra del narcotráfico inició en diciembre de 2006 en Apatzingán, en la cabecera de la Tierra Caliente de Michoacán. Siete años después la Tierra Caliente se encontraba hirviendo entre bandas criminales y presuntas autodefensas autoconstituidas, unas con malos encubiertos y otras con presuntos buenos.
Era imposible o al menos muy arriesgado salir a la calle. Había que pagarle a las bandas criminales o a las autodefensas por desarrollar una actividad económica. Las policías municipales no funcionaban y si lo hacían era para proteger la actividad de los grupos armados de cualquier signo.
El gobierno del estado estaba infiltrado o era cómplice, como el entonces gobernador interino, y todavía no está claro si también el gobernador electo que lo reemplazó.
La administración pública estatal estaba colapsada no solo por el sesgo delincuencial sino por la deuda mayúscula que heredó el gobernador perredista Leonel Godoy. Michoacán sí era, a diferencia de México, un estado fallido.
Salida
Todo eso cambió gracias a la decisión del gobierno federal y al desempeño, a veces no exento de arrogancia, de Alfredo Castillo.
Actualmente Michoacán es otro a pesar de que aún se presenten incidentes violentos y enfrentamientos. Los principales líderes han sido neutralizados y el famoso Tuta, aún prófugo, es un fantasma más que un capo. La actividad agroindustrial del estado ha retomado su auge de antaño. El Puerto de Lázaro Cárdenas ha vuelto a ser un destino marítimo estratégico en vez de una cueva de ladrones, contrabandistas y narcos. La gente en Morelia puede acudir a fiestas cívicas sin temor a que en medio de la multitud arrojen una granada.
Pero la candidata a la gubernatura del PAN, Luisa María Calderón, y el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Silvano Aureoles, exigieron la salida del comisionado en este inicio de su campaña política. Y el gobierno federal obsequió su reclamo.
Es innegable que desde que se creó la figura del comisionado en enero de 2014 su legalidad estaba en duda. Incluso la legalidad misma de los poderes del estado con el comisionado ejerciendo de facto sobre los tres poderes era discutible.
El tema es opinable. Lo cierto es que fue eficaz y, más importante, el gobierno federal tuvo la visión e imaginación para crear la figura y tuvo la audacia y el valor para desafiar con una innovación institucional una situación singular cuyo remedio era inaplazable.
Hoy se imponen los imperativos políticos y propagandísticos inherentes a una contienda electoral muy competida entre los tres principales partidos políticos del país. El PRI puede ganar, pero no la tiene fácil. Quizá, tal vez no para bien de la estabilidad michoacana pero sí como lección histórica, sea mejor que ganen la candidata del PAN o el candidato del PRD para que se entienda que no toda fórmula institucional tradicional es la más conveniente para afrontar los retos de circunstancias locales con tradiciones y precedentes históricos muy específicos.