La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ordenó este 28 de enero a Oklahoma suspender la aplicación de la pena de muerte.
La decisión es para resolver una petición de reos sentenciados a pena capital, que argumentan que los procedimientos de la inyección letal en la entidad violan la garantía constitucional contra el castigo cruel e inusual.
La suspensión de las ejecuciones fue solicitada el pasado lunes por el procurador general de Oklahoma, Scott Pruitt.
Pruitt solicitó la suspensión luego que la Suprema Corte notificó el pasado viernes que había aceptado analizar el caso interpuesto por varios reos en el que se cuestiona el uso del fármaco midazolam, utilizado en ejecuciones fallidas en Oklahoma y Arizona.