La reciente conmemoración del 18 de marzo y los diferentes actos que distintas fuerzas políticas organizaron para celebrar la fecha dejan la impresión de que muchos de nuestros políticos memoriosos simultáneamente hablan de lo mismo, pero hablan solos.
En este espacio se elude conscientemente a la expresión de expropiación petrolera. No hubo tal mito al que malacostumbraron los libros de texto durante casi tres generaciones de mexicanos formados en un civismo adverso a la complejidad y a una realidad que no convoca a un patriotismo irracional, sino a un nacionalismo racional y pragmático.
Sería muy largo en este espacio dar cuenta a detalle de lo que ha sido la historia petrolera de México. Pero se pueden destacar algunos elementos cruciales de esa historia.
Comenzó la explotación económica del petróleo mexicano a finales del siglo XIX con el porfiriato. El fin de esa era llena de claroscuros para el desarrollo nacional se vio truncado por la Revolución Mexicana, la creciente autarquía de las empresas petroleras extranjeras y diversas intervenciones de carácter diplomático desde la arrogancia de embajadas como Estados Unidos y Gran Bretaña.
Quien tomó clara conciencia del problema fue el jefe del Ejército Constitucionalista, posteriormente presidente de la República, Venustiano Carranza. Y fue gracias a él y a esa toma de conciencia nacionalista, que no patriotera, la que derivó en que en la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 se estableciera el dominio y propiedad originarios de la nación sobre los recursos del subsuelo. Concretamente del petróleo. Las empresas extranjeras habrían de sujetarse a ese nuevo régimen jurídico.
Voluntad
En 1935 se constituyó el sindicato de trabajadores de las empresas petroleras. Bajos salarios, inadecuadas condiciones generales de trabajo, discriminación frente a los empleadores extranjeros derivaron en una huelga general del sindicato en 1937, exigiendo mejores condiciones para sus labores.
El presidente de la República, Lázaro Cárdenas, intentó mediar entre las partes en conflicto. No lo logró y la controversia terminó en manos y sujeta a la decisión del máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que falló y sentenció a favor de los obreros petroleros de México.
La arrogancia fue mala consejera. Norteamericanos, ingleses y alemanes incumplieron la decisión del Poder Judicial mexicano y desacataron pública y abiertamente un laudo que era definitivo e inatacable, un laudo de orden estrictamente laboral.
Desafiar de esa manera al orden jurídico nacional en su conjunto dejó sin salida al presidente Cárdenas, quien en una decisión estrictamente soberana se vio en la necesidad histórica de expropiar los activos y los bienes de las empresas que operaban en México, no el petróleo, ya que ese recurso estaba nacionalizado desde 21 años atrás.
El presidente Cárdenas tomó una decisión valiente y atrevida, pero más por una necesidad de autoafirmación soberana que por una voluntad de un proyecto petrolero distinto para el futuro del país. Esa decisión no se malogró por causas completamente ajenas al ámbito decisorio del gobierno mexicano: fueron la invasión alemana a Polonia, la Segunda Guerra Mundial y el apetito petrolero de las grandes potencias.
La decisión memorable del presidente Cárdenas lo es porque nacionales y extranjeros deben observancia al orden jurídico general de la nación. Se preservó lo que era un hecho desde antes y sigue siéndolo: la propiedad de la nación sobre el petróleo de México. No hubo voluntad política alguna de crear un monopolio y menos de perpetuar una situación condenada al decrecimiento económico y al agotamiento de una industria, que con las recientes reformas se ha abierto al mundo e ingresa a un umbral de eficiencia, competitividad, productividad y modernidad.