Colocado de espaldas al callejón por una montaña de requerimientos de rendición de cuentas con los atentos saludos de la entonces secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, el gobernador de Oaxaca, José Murat, decidió una fórmula mágica para salir del embrollo: en dos días el Congreso local, dominado por el priismo, recibió una iniciativa de ley de urgente trámite, en la que se atrincheraba a la entidad federativa contra la “prepotencia” del centro.
Por muy etiquetados que lleguen los recursos para el combate a la pobreza, la exigencia de transparentar su uso es violatoria de la soberanía estatal.
He dicho.
Naturalmente, la dependencia, o quizás el titular del Ejecutivo, se negó a dar el siguiente paso: promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte.
El destino de los recursos se fue a las tinieblas.
En la misma ruta, no hubo forma de que el entonces gobernador de Tabasco, Andrés Granier, explicara por qué los dineros enviados por la Federación para el Seguro Popular se fueron hacia el gasto corriente, es decir, sueldos y salarios de los trabajadores públicos.
Y tres años después el secreto mejor guardado del gobierno de Coahuila es en qué se emplearon los 34 mil millones de pesos con que se endeudó a tres generaciones de habitantes de la entidad federativa.
Y aunque los tiempos han cambiado, las mañas siguen intactas.
El gran obstáculo para la aprobación del Congreso de la llamada Ley Anticorrupción lo constituye un feroz cabildeo de los gobernadores para impedir la exigencia de auditorías cuando se envían recursos federales.
La ruta apuntaría a lo cáido, cáido.
Cáncer
Sin embargo, no son solo los gobernadores, a veces con tufo de virreyes o caciques, quienes le apuestan a las tinieblas. También el gobierno federal.
Durante años el priismo, y en su momento el panismo, no ha querido transparentar el tamaño de un fardo que lleva sobre las espaldas con la amenaza de hacer explosión de un momento a otro. Estamos hablando del faltante de reservas para atender jubilaciones y pensiones de trabajadores públicos.
Los actuarios que se han sumergido en el problema calculan el monto en 1.2 veces el Producto Interno Bruto del país.
Y aunque la parte más visible del problema se ubica de cara a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, los derechohabientes en vías de salida del ISSSTE y los trabajadores de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, el cáncer se extiende más, mucho más allá.
Estamos hablando de los trabajadores públicos de entidades federativas y municipios, de las universidades públicas y bancos de desarrollo...
Para paliar, o si se quiere atenuar el peligro de que alguno de ellos toque la puerta de la jubilación y le digan que no hay recursos, el gobierno destina año con año partidas cobijadas en el capítulo Requerimientos financieros del sector público, del presupuesto.
El saldo global, incluida deuda pública y pago de compromisos asumidos para el rescate bancario y el carretero, además de los programas de apoyo a deudores, alcanzó el año pasado el equivalente a 41.8% del Producto Interno Bruto.
Estamos hablando de 7.4 billones de pesos.
Uno de los puntos de resistencia de los causantes para enterar religiosamente sus impuestos es, justo, la falta de rendición de cuentas.
Las tinieblas del poder.