Quizá pueda leerse un poco exagerado: los hechos del pasado primero de mayo en Jalisco, principalmente, marcan una nueva fase en la búsqueda de México por recuperar la plena vigencia del Estado de derecho y la paz. Mucho se ha escrito (pero con una muy reducida capacidad de análisis) respecto de las condiciones, características, consecuencias y demás variables, en donde el aterrizaje de emergencia, la muerte de soldados y una policía federal y el despliegue de un grupo delictivo, han monopolizado la atención.
Dada la intensidad y prolongación en su actuación como primera (que no la última) línea de confrontación y sometimiento a la criminalidad organizada, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Marina Armada de México, siguen padeciendo la incomprensión y prejuicio de amplios sectores de la población, incluyendo segmentos de gobiernos y partidos políticos.
No hay un solo partido, que a nivel municipal o estatal no tenga una seria y profunda deuda con los servicios que los militares desarrollan por toda la geografía. Y si no, preguntemos sobre cobertura de los comedores de la Cruzada contra el hambre o la cíclica participación en la temporada de huracanes para apoyar a la población en situación de emergencia.
Con las Fuerzas Armadas de nuestro país, sucede lo que con uno de los más famosos aforismos de Friedrich Nietzsche: “Por nuestras virtudes, es por lo que más se nos castiga”. Es decir, en función de lo que se hace bien ¿por qué no hacen aún más? Y así, tenemos a los militares encargados de una larga serie de actividades, mismas que son proporcionales a la renuncia de las autoridades formal y legalmente encargadas de cumplirlas.
Argumentar a favor de su capacidad de organización y reconocer su permanente disposición para actuar a favor de los intereses colectivos y de la nación, debiera por ejemplo evidenciarse, en mayor presupuesto, mejor marco jurídico, adecuada cobertura jurídica internacional así como una política de comunicación acorde a las exigencias de los miles, cientos de miles de servicios de apoyo a las actividades en seguridad pública.
Pero no es así. El duelo de las familias de los militares y la policía federal, en este caso como en otros precedentes, sólo fue compartido por el Presidente de la República. Ni una expresión de apoyo o solidaridad de los “abajofirmantes” o de los expertos de última hora.
Tampoco hubo pronunciamientos de ninguno de los ex presidentes de México (incluso en su calidad de ex Comandantes Supremos) para reconocer el sacrificio. Antes, mejor especular sin sustento para sembrar sospechas que parecen trabajar en contra de los intereses de la nación. Lo que vivimos como sistema social y político el primero de mayo, nos indica que hemos llegado a un punto en donde la visión instintiva de la inmediatez parece haber sustituido a la razón de largo plazo.
Inercia
Los siguientes meses serán de difícil confrontación con el crimen organizado, dados los recursos disponibles en dinero y armas para cometer sus delitos. Pues en estricto apego a la ley, habrá que reducirlos y conducirlos ante los jueces. Mientras tanto, la violencia persiste en medio de una fenomenal disfunción de las corporaciones policiacas locales. A la vista, no se tienen las bases para que la inercia en la que nos encontramos cambie, por lo que sí se podría hacer, es mejor dotar de recursos materiales, jurídicos y políticos para que las Fuerzas Armadas cumplan con lo que se les pide.