En los próximos días, por escala ascendente, llegará a la Suprema Corte una papa caliente tras cruzar de jueces de primera instancia a tribunales colegiados: la catarata de amparos interpuestos por las empresas contra la reforma fiscal.
El eje, el punto fino, apunta a la cancelación de deducciones en materia de prestaciones sociales a los trabajadores.
En la ruleta, pues, aunque en el papel la flecha apuntaría a levantarles la mano a los patrones, quienes subirían al podio serían los integrantes de la fuerza laboral, incluidos empleados y ejecutivos.
El escenario ha encarecido la nómina entre 5 y 6% al acotarse la posibilidad de cargar como costo los vales de alimentos que se otorgan a título de prestaciones, los comedores, las despensas…
En paralelo, se cortó de tajo la deducción de bonos de actuación, ya por puntualidad, ya por metas; los esquemas de pensiones internas y aun los fondos de ahorro, para no hablar de los seguros médicos.
La voracidad del fisco arrolló en un escenario insólito en el marco de la justicia social, la posibilidad de empleos. Las empresas han cancelado o acotado al mínimo la contratación de personal.
Colocadas en la mesa 165 mil solicitudes de protección de la justicia, los jueces y los tribunales colegiados plantearon resoluciones ambiguas, colocándose el común denominador en que no podrían concederse los amparos hasta no consumarse el hecho denunciado; es decir, se trataba de un acto incierto.
El requisito se llenó, justo, al presentar las empresas en marzo pasado su declaración anual.
La prueba, pues, que faltaba.
Escenario
La encrucijada llega en momentos en que la recaudación fiscal, pese a la dureza de la reforma, está haciendo agua.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda durante el primer cuatrimestre del año cayó 43% la recaudación tributaria derivada del petróleo, tantito por la disminución del precio de la mezcla mexicana y tantito por una dramática baja en la producción.
El caso es que la afectación efectiva al fisco fue equivalente a 57% de sus ingresos, lo que significa 210 mil millones de pesos.
La coyuntura, pues, para debatir el asunto, no es precisamente la mejor.
Sin embargo, al margen de la evidente afectación de cara a la creación de empleos, la resolución de la Suprema Corte podría abrir el camino a la revisión de un escenario que resultó contraproducente para el país.
La guillotina fiscal le cortó las alas a la posibilidad de nuevas inversiones al cancelar la deducción por ampliación de capacidad instalada y depreciación acelerada de activos.
Resulta preocupante que por un lado las multinacionales mexicanas estén concentrando sus apuestas en el exterior, con énfasis en España y Centro y Sudamérica, y por otro esté creciendo la compra de firmas nacionales por parte de capital extranjero.
El ejemplo más nítido se da en la industria extractiva, tras imponerse una serie de gravámenes con cargo a los ingresos de las firmas, que en el papel apuntarían a mejorar el entorno de las comunidades afectadas.
El caso es que ante el golpe no solo se han retraído las inversiones locales, sino que además se cancelan programas de responsabilidad social que apuntaban justo al mismo objetivo.
Por lo pronto la disyuntiva es incrementar el ingreso fiscal o cancelar prestaciones a los trabajadores y empleados. La Suprema Corte en la encrucijada.