El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue sin duda pieza clave para dar certeza jurídica al proceso que culminó en las urnas el 7 de junio pasado, que como producto de las reformas políticas de 2007 y 2014 resultó uno de los más regulados en la historia moderna de México y también de los que más litigios han generado antes, durante y después del día de la elección.
Sobre los mecanismos que permitieron garantizar la legalidad y transparencia de los comicios, así como respecto de las controversias surgidas a lo largo del proceso y los yerros o logros que de las reformas políticas este dejó al descubierto, habla en exclusiva con Vértigo el magistrado presidente del máximo tribunal electoral del país, Constancio Carrasco Daza.
Pormenores
Primero que nada, dice Carrasco, “debemos reconocer que todo proceso electoral se da inmerso en un contexto político, económico y social particular. En este caso México ha vivido durante los últimos años un momento histórico complejo: la ciudadanía pugna por recuperar los espacios que le corresponden. A través de la indignación ha encontrado un motor en la construcción de los procesos democráticos en nuestro país”.
Así, agrega, “el proceso electoral que enfrentamos emerge de cara a diversas reformas constitucionales impulsadas, en gran medida, por exigencias sociales impostergables. En 2011 la reforma sustantiva de progresividad en derechos humanos, en que se reconoció el estatus real de los tratados internacionales de derechos humanos, revolucionó el paradigma de la autoridad hasta convertirla en el principal obligado de proteger estas prerrogativas fundamentales”.
De ahí, añade, “se impulsaron cambios constitucionales y legales dentro de los que se enmarca la reforma en materia política-electoral de 2014, que redistribuyó y amplió atribuciones para las autoridades electorales, pero que también estableció nuevas reglas a nuestra democracia. En el caso específico del Tribunal Electoral, las modificaciones a la Constitución y a las leyes electorales tuvieron implicaciones orgánicas y procesales que nos obligaron a redefinir criterios”.
Adecuaciones
De cara a esas reformas y al proceso electoral, dice Carrasco Daza, el Tribunal Electoral “ha tenido que adaptar y preparar políticas que le permitan cumplir con las obligaciones constitucionales y legales por que exigieron su creación. Es importante dejar claro que el TEPJF no se prepara para un solo proceso: este órgano jurisdiccional se encuentra en constante construcción. La integración actual cuenta con más de ocho años de experiencia en la materia y nunca dejamos de prepararnos para una sociedad inserta en la dinámica global del cambio, y sobre todo, de buscar, a cada momento, cumplir con las exigencias ciudadanas”.
El TEPJF, añade el magistrado presidente, “se compone de especialistas que han dedicado gran parte de su vida al derecho electoral. Nuestro marco normativo es, sin duda, producto de su esfuerzo. Contamos con un Centro de Capacitación Electoral cuya razón de ser, desde el origen, es brindar no solo a nuestro personal sino al de los órganos electorales del país conocimientos y capacidades que demanda la dinámica electoral. Hemos buscado la forma de establecer convenios de colaboración con diversas instituciones académicas y jurisdiccionales para que los secretarios de estudio y cuenta siempre estén en constante actualización. Ejemplo de esto son las estancias que hacen nuestros secretarios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Para este proceso se mejoraron los esquemas de comunicación y de transferencia de información entre los órganos garantes de la democracia: “Prueba de ello es el Sistema de Información para las Elecciones Federales —sistema que operó por primera ocasión en la elección federal de 2012—, que ha posibilitado que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF compartamos información que permita resolver los asuntos con mayor celeridad. Las adecuaciones que se hicieron permiten una mejor recepción de los medios de impugnación, así como su clasificación respecto a la causal de nulidad”.
También se diseñó el Programa de Atención y Recepción de Impugnaciones Masivas, “para atender los juicios de inconformidad que se han interpuesto contra los resultados de las elecciones a diputados federales. Este programa servirá de apoyo a las Salas Regionales, que serán las encargadas de resolver los juicios que se presenten en contra de los 300 cómputos distritales”.
Finalmente, y como eje transversal, “se robustecieron las acciones de transparencia para que las y los mexicanos conozcan en todo momento los asuntos que se presentaron, el trámite que se les da, así como la resolución que se toma en cada caso y los argumentos que la motivaron. Las sesiones de resolución se transmiten en vivo a través de televisión e internet y nuestras sentencias son publicadas inmediatamente en el portal del Tribunal. Hemos puesto a disposición de la ciudadanía información relevante y útil para conocer qué va sucediendo durante cada etapa del proceso electoral. Toda la información puede conocerse a través de nuestro portal de internet, así como de Plataforma electoral, el canal de televisión por red del TEPJF”.
—De acuerdo con la cantidad de impugnaciones que ha manejado el Tribunal Electoral, ¿influyó de manera determinante en este incremento la reforma política-electoral de 2014?
—Como he mencionado, nuestra democracia ha tenido cambios positivos a lo largo de los últimos años. Las reformas constitucionales no solo motivaron nuevos esquemas de actuación para las autoridades electorales, sino que ampliaron los espacios de participación ciudadana a través de instituciones que habían sido exigencias sociales durante años. Ejemplo de ello son las candidaturas independientes y la creación de nuevos partidos políticos. En ese contexto, el proceso que nos ocupa se da en un marco donde la ciudadanía cada vez se involucra y exige más. Tenemos nuevas reglas democráticas y diseños institucionales, que se siguen perfeccionando, pero sobre todo una población que piensa y actúa políticamente y que reconoce las vías institucionales como el medio idóneo para el desahogo de los conflictos políticos. De esta forma, tiene mucho sentido que en esta ocasión la actividad de los tribunales sea mayor.
—¿Qué nuevas atribuciones o herramientas tiene el TEPJF para impartir la justicia electoral que demandan los partidos?
—Como te señalaba, la reforma de 2014 tuvo implicaciones orgánicas y procesales que impulsaron diversos cambios, como crear el procedimiento especial sancionador y reforzar el modelo de comunicación política. Se creó la Sala Regional Especializada, que juega un papel primordial en la garantía del principio de equidad en las contiendas, a través de la resolución expedita de los procedimientos especiales sancionadores, frente a conductas que pudiesen violar las reglas para difundir spots a través de radio o televisión o promocionar a un candidato o partido por medio de propaganda prohibida, así como aquellas conductas que se consideren actos anticipados de campaña. Aspectos que tienen un efecto directo en los resultados electorales. A la luz de esa reforma constitucional, nuestro sistema transitó a un orden nacional en el cual se dimensionó la participación política a partir de candidaturas independientes, paridad de género en los cargos del Congreso federal y los estatales, se renovó el modelo de fiscalización de los partidos políticos en las elecciones y se reconoció al rebase de gastos de campaña como causa de nulidad en el umbral de 5%, en el marco establecido por la ley.
—De acuerdo con las principales causas de impugnación que presentaron a lo largo del proceso electoral partidos, candidatos, militantes y ciudadanos, ¿este proceso ha sido el más judicializado de la historia?
—Mucho se dice sobre la judicialización de este proceso, pero permíteme poner en contexto tu pregunta de cara a la realidad que hoy enfrenta nuestra democracia: una sociedad es democrática cuando los derechos de participación política adquieren su máxima dimensión, los cuales requieren de la información necesaria para poder ser ejercidos de forma adecuada. En esa lógica, tenemos la aspiración de construir un verdadero Estado de Derecho, donde la ley mejore la realidad de la sociedad. Ese fue, y es, el principal reto del legislador: brindar argumentos que rebasen el carácter declarativo de las normas que se refieren a los derechos humanos, que efectivamente enfrenten el reto de dotarles de contenido, de evaluar la pertinencia de reglas que impongan deberes que las autoridades y los grupos que ostentan un mayor poder acaten en aras de proteger y garantizar los derechos humanos. El proceso electoral se desarrolló con diez partidos políticos nacionales y con la figura de las candidaturas independientes.
Novedades
De hecho, explica, “es la primera ocasión en que nuestra democracia experimenta un ejercicio similar de participación política, y en esa lógica, atendiendo a nuevos esquemas de participación política, nuevas reglas democráticas que han llevado a replanteamiento de criterios por parte de las autoridades electorales, pero sobre todo a una convicción ciudadana de ejercer sus derechos humanos de participación política y de acceso a la justicia, es que en el proceso electoral el TEPJF ha resuelto ya más de 16 mil medios de impugnación”.
—¿Se encuentran sólidos los mecanismos de resolución de impugnaciones?
—Considero necesario que se revise el marco normativo, principalmente la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que data de 1996, que ha visto pasar varias reformas constitucionales y legales a las reglas de los procesos democráticos pero que no ha sido sustancialmente renovada. Frente a ello el TEPJF ha asumido su función a través de ejercicios de interpretación que adecúen la norma con las nuevas exigencias constitucionales y que le permitan dar funcionalidad a nuestro andamiaje jurídico.
—¿Cuáles son los escenarios políticos que visualiza?
—¿Qué visualizo? Una sociedad ejerciendo sus derechos políticos. Como te mencionaba, hoy la ciudadanía es mucho más exigente y en esa lógica las autoridades tenemos que estar a la altura.
—¿Cómo ve los cimientos de la democracia mexicana con base en este más reciente proceso electoral y la litigiosidad de la que hablan los expertos?
—Desde la reformulación de las “reglas del juego” que impone el orden normativo, las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía debemos afrontar nuestro rol y garantizar que nuestra democracia sea un verdadero espacio deliberativo, que se nutra con argumentos y brinde opciones de mejora. ¿Queremos disminuir la judicialización? Debemos fortalecer las prácticas democráticas al seno de los partidos políticos, de las instituciones, de las asociaciones civiles. Debemos mejorar esas prácticas en la contienda electoral. Resulta necesario seguir buscando mecanismos para que los intereses de todos se vean efectivamente representados y que nuestra democracia se componga de forma plural, ya que la dignidad, la autonomía y la inviolabilidad no dependen de una sola cosmovisión, sino del acuerdo intersubjetivo que supone cada una de las realidades. Es esencial seguir dando contenido al derecho a la información y fortaleciendo la participación ciudadana, pues con ello también se logra una máxima exigencia en las actuaciones de los funcionarios públicos.
Garantías
—A lo largo del proceso hubo resoluciones del INE que fueron revocados más tarde por la Sala Superior o Salas Regionales del TEPJF, lo cual generó la impresión pública de criterios opuestos a la hora de interpretar la nueva norma electoral…
—La democracia se sostiene en principios y reglas. Dos de ellos son la protección de los derechos humanos y la división de funciones de las autoridades. En México, ante todo acto o resolución dictado por las autoridades, las personas tienen garantizado un recurso judicial efectivo, como establecen la Constitución y los tratados internacionales; y en materia electoral, por ello, se ha legislado y creado un sistema de medios de impugnación. Al Tribunal Electoral le corresponde, en el esquema de facultades que nuestro orden constitucional asigna, revisar que aquellos actos y resoluciones del INE que sean impugnados se apeguen a las leyes que las y los mexicanos se han dado.
—¿Qué expectativas tiene el TEPJF hacia 2016?
—Nuestro marco constitucional establece principios de actuación que no podemos dejar de observar. Si bien en 2016 no tendremos elecciones federales, 13 entidades federativas tendrán elecciones, doce de ellas incluyen el cargo de gobernador. En ese sentido, más allá de que exista una revisión legal —que considero necesaria— las elecciones se regirán por el marco constitucional y convencional vigente.
Los jueces electorales, agrega Carrasco, “debemos superar la concepción presente en amplios sectores de la población, de que la independencia judicial, la imparcialidad y la rendición de cuentas son producto de un discurso artificial; debemos reconocerlos verdaderamente como exigencias mínimas de toda sociedad democrática, lo que no puede darse sin el respaldo sólido y genuino de decisiones judiciales justas, es decir, convincentes para el sentido común. Nuestras resoluciones coadyuvan a la continuidad del sistema democrático y están siempre abiertas al escrutinio público. El ejercicio vehemente del debate público contribuye para materializar la exigencia cada vez mayor, de una ciudadanía informada del desempeño estatal.
—Finalmente, ¿es benéfico para la modernidad democrática y la vida electoral del país que en México haya demasiadas reformas políticas que por lo regular en los procesos electorales nadie respeta?
—Contar con un modelo normativo e institucional capaz de garantizar los derechos humanos, entre ellos los de participación política, es parte esencial del perfeccionamiento de nuestro sistema democrático. La modernidad democrática, como lo llamas tú, demanda actualización, y para ello las reformas se vuelven indispensables. A medida de que la sociedad exige mayores controles a las autoridades y mejores acciones gubernamentales, la ley debe de adecuarse y estar a la altura. Estamos en una sociedad democrática con la aspiración de construir un verdadero Estado de Derecho, donde la ley se cumpla porque efectivamente consideramos que las razones que la componen nos convencen de su deseabilidad. Ese es y seguirá siendo el reto de todos nosotros.