INE repartirá a partidos y candidatos $408 millones en multas

Tal como advirtieron los expertos previo al inicio del proceso electoral federal y 16 procesos locales concurrentes, la fiscalización de los egresos e ingresos de las fuerzas políticas ha traído consigo no solo la propuesta de establecer multas millonarias sino también acusaciones, reproches y descalificaciones entre partidos y autoridades, así como impugnaciones a las resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al menos en lo que corresponde a la revisión de informes de las campañas electorales (hay otros motivos de posibles sanciones) se propondrá al Consejo General el establecimiento de multas por casi 408 millones de pesos, que incluyen a los 10 partidos nacionales y son tanto del proceso federal como de los 16 procesos locales.

Durante la revisión se detectaron rebases de topes de gasto de campaña, ausencia de reporte de gastos de eventos, ausencia de reporte de gastos de producción de spots, así como ingresos sin evidencia documental.

Aquí comienza a escribirse la historia de la fiscalización de reportes financieros de los partidos establecida en la reforma electoral de 2014, misma que muchos han demandado que se modifique.

Revisión

El consejero electoral Ciro Murayama Rendón, presidente de la Comisión de Fiscalización de INE, dio cuenta de que esta instancia recién inició la aprobación de los dictámenes consolidados de los informes de campañas de los partidos, así como los proyectos de resolución respecto de irregularidades encontradas en la revisión de dichos informes.

Detalló que el instituto revisó los informes correspondientes de doce mil 914 candidatos, de los que dos mil 667 fueron candidatos federales y diez mil 247 locales.

También dio cuenta de que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE recibió los informes a través del Sistema Integral de Fiscalización, donde se registró un total de un millón 60 mil 674 operaciones de partidos y candidatos.

De cada operación, dijo el consejero, se comprobó y verificó la existencia de documentación soporte: movimientos bancarios, existencia de cheques, de contratos, de recibos, de facturas, entre otros, además de que los dichos de los partidos se contrastaron con el monitoreo del INE en el territorio nacional con visitas de verificación del personal de instituto y con información aportada por autoridades financieras del país.

Precisó que para el caso de anuncios espectaculares se realizaron tareas de monitoreo en los 300 distritos en que se divide la geografía nacional y se obtuvo la evidencia de 40 mil 66 testigos sobre espectaculares, vallas y panorámicos, entre otros. De estos, añadió, los partidos políticos y candidatos no habían reportado 15 mil 966, es decir, más de una tercera parte.

Murayama Rendón indicó que luego de que se dio la oportunidad a los actores políticos de acreditar sus gastos, el instituto identificó erogaciones no reportadas en el caso de los espectaculares por nueve millones 825 mil pesos, que se traducirán en una sanción equivalente a las fuerzas políticas que corresponda.

Cabe recordar que la Comisión de Fiscalización acordó los criterios de sanción antes de conocer las irregularidades y los actores que las cometieron. Así, por ejemplo, el no informar gastos se sanciona con 150% del monto involucrado, y no acreditar gasto se castiga con 100% de la cifra identificada.

Además, no presentar informes, no usar el Sistema Integral de Fiscalización o no abrir cuentas bancarias para los candidatos “se sanciona tomando como referencia 30% del tope de gasto de la campaña involucrada, por el porcentaje de financiamiento público, ya sea local o federal, que le corresponde al partido político omiso”.

También se sanciona el realizar pagos mayores a 90 días de salario mínimo en efectivo, con 100% del monto.

Faltas detectadas

Luego de hacer la revisión de los reportes financieros de los partidos y candidatos en las campañas federales la Comisión de Fiscalización aprobó proponer al Consejo General del instituto sanciones por 131 millones de pesos por faltas detectadas (Cuadro 1).

Se precisó que se identificaron 14 rebases de topes gastos de campaña en el caso de elecciones federales. De ellos, 13 corresponden a candidatos derrotados y uno a un ganador en Quintana Roo, quien obtuvo una diferencia de votos respecto del segundo lugar de 15.75% por lo que no aplicaría, conforme a la ley, la anulación de la elección, pues no se da el supuesto de que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor a 5% de los sufragios emitidos.

En cuanto a la entrega de los proyectos de resolución de las campañas locales, esta se hizo en dos partes. En la primera se dio cuenta de lo detectado en nueve entidades: Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, Sonora, San Luis Potosí y Yucatán (Cuadro 2).

En esas nueve entidades se identificaron 17 rebases de topes de campaña; de ellos cinco son candidatos ganadores, pero ninguno tiene un porcentaje de diferencia respecto del segundo lugar menor a 5% de los votos.

Hay dos candidatos a gobernador en que se ha identificado rebase de tope: los candidatos a la gubernatura de Baja California Sur por el PAN, Carlos Mendoza, con un rebase de seis mil 676 pesos, 0.06%, y por la coalición PRI-PVEM, Ricardo Barroso, con 2.9 millones de pesos, equivalentes a 21.7% del tope de gastos de campaña.

En la segunda entrega de proyectos de resolución de campañas locales —que abarcó Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Tabasco, Colima y Campeche (Cuadro 2)— se informó que se obtuvo evidencia de que partidos políticos no incorporaron en sus respectivos informes la contratación de 221 espectaculares.

Respecto de las casas de campaña, las autoridades realizaron visitas de verificación en estas siete entidades y obtuvieron evidencia de 19 no reportadas por los partidos políticos, del total que fueron supervisadas.

En lo que toca a actos de campaña se solicitó la agenda de eventos políticos a los candidatos de esas mismas siete entidades y se obtuvo la programación de los eventos, de los cuales los partidos políticos no reportaron gastos correspondientes a siete eventos cuyos gastos fueron acumulados a los informes respectivos.

Finalmente se verificaron los spots registrados ante el Comité de Radio y Televisión del INE y se detectó que los partidos políticos en conjunto no habían reportado los gastos de producción de un total de 123.

Se detectaron además siete informes de candidatos con rebase en tope de gastos de campaña, de los cuales cinco corresponden a candidatos al cargo de ayuntamiento: tres en Michoacán, uno en el Estado de México y otro en Tabasco; finalmente dos candidatos al cargo de diputado local en Campeche.

Los dictámenes de este segundo paquete de proyectos de resolución arrojaron, según las autoridades del INE, la existencia de 500 conclusiones sancionatorias, que revelan ingresos sin evidencia documental, gastos sin objeto partidista, gastos de origen prohibido, gastos reportados carentes de evidencia documental y gastos no reportados.

El consejero electoral Javier Santiago Castillo precisó que será a partir de este 20 de julio —una vez que el Consejo General analice y vote los proyectos de resolución de sanciones— cuando se atiendan y resuelvan las quejas que presenten ante el propio instituto los representantes de los partidos políticos.

A su vez la consejera electoral Beatriz Galindo Centeno destacó que la decisión de anular o no alguna elección, a partir de los reportes de la Comisión de Fiscalización, corresponde a los magistrados del TEPJF luego del juicio correspondiente.

Lamentable

En la pasada sesión extraordinaria, al referirse a algunas sanciones que pretende establecer el INE a su partido, el representante del PVEM ante el instituto, Jorge Herrera, reprochó que la Unidad de Fiscalización, “sin duda por la gran carga de trabajo que tiene”, no había tomado en consideración documentos que en su momento exhibieron y los cuales explican debidamente los movimientos financieros que efectuaron.

Dichos documentos, advirtió Herrera, “sin duda los vamos a hacer valer en el Tribunal Electoral”.

El representante del PVEM también dijo que le “sorprende la demencia de la consejera Pamela San Martín, siempre que se refiere a sancionar al Partido Verde y no así cuando se trata de sancionar a su partido, el PRD”.

En respuesta, la consejera San Martín dijo: “Si hay una sola actuación de mi parte que a consideración del Partido Verde pueda mostrar cualquier tipo de parcialidad en mi actuación, yo le pediría que inicien la queja correspondiente, que inicien el procedimiento correspondiente”.

En tanto Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el INE, criticó la resolución de la Comisión de Fiscalización que busca sancionar a su partido por supuestas irregularidades en la elección para gobernador en Sonora: “Han estado sobre la mesa y con absoluta transparencia todos los procedimientos, vuelos, gastos utilizados a lo largo de la campaña de Sonora, que por cierto se resolvió por una diferencia superior a 7 por ciento”.

El priista indicó que “la autoridad no puede guiarse por indicios, la autoridad tiene que guiarse por pruebas”.

A su vez, la dirigencia nacional del PRD celebró haber sido “el partido de izquierda con menor sanción”.

Las sanciones que se pretenden imponer a las fuerzas políticas como consecuencia de las nuevas disposiciones en materia de fiscalización serán motivo de los próximos enfrentamientos entre partidos y autoridades, así como de futuras impugnaciones ante el TEPJF.

Ello abona a comprobar que el actual proceso electoral es el más judicializado en la historia del país, tal como lo advirtieron los expertos… y los propios partidos.

Sanciones propuestas para campañas locales; monto general por entidad