Quedan para la historia nacional de la infamia y de sus historiadores las explicaciones de por qué fue posible que durante 36 años una sección disidente del sindicato de maestros se apoderara de la educación en un estado tan lleno de historia y memoria como es Oaxaca.
Habrá que repasar la contribución de la tristemente célebre Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a la estabilidad política de ese estado de la Federación a cambio de la amenaza colectiva, el peculado, la miseria y la ignorancia de varias generaciones de niños en Oaxaca, quienes fueron a la escuela a aprender que la mejor forma de educar es movilizar, aunque eso conlleve al analfabetismo funcional y la ausencia de futuro.
Hablar de 36 años es hablar de dos generaciones desde un punto de vista demográfico. Millones de personas que tendrán que saber de fuentes históricas, y no judiciales y administrativas, por qué el Estado mexicano hubo de esperar 36 años para disolver los mecanismos extralegales de dominación establecidos en Oaxaca por la disidencia magisterial, que llevaron a implicar hasta el homicidio con impunidad. Esta no es una afirmación a la ligera: están documentados los vínculos de la Sección 22 con el Partido de los Pobres, cuyos miembros en el mejor estilo de las organizaciones estalinistas se dedicaban a matarse entre sí en nombre de la causa.
O los muertos durante los meses que la APPO se apoderó de la capital del estado y que los gobiernos, federal y estatales, ya ni siquiera recuerdan. No digamos que alguna vez hayan perseguido esos delitos.
Más vale
A veces saber no es poder. Pero a lo perdido, lo que aparezca. Los oaxaqueños y los mexicanos, todos, tenemos derecho a saber qué demonios hizo posible que la tarea más noble de una sociedad, educar, se convirtiera en una letrina multitudinaria que sepultó las expectativas intelectuales y materiales de cientos de miles de personas.
Sin exageración, lo que hizo la Sección 22 de la CNTE, con anuencia del Estado mexicano, fue una especie de genocidio de baja intensidad. Y no hay culpables. Bueno, por lo menos que alguien reconozca que hubo responsables. O irresponsables. Para el caso.
Sea pues. Más vale tarde que nunca. De común acuerdo, el gobierno del estado de Oaxaca y el gobierno federal anunciaron medidas coordinadas para desaparecer al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En concreto, la decisión arrebata a esos sindicalistas que no podemos llamar maestros cuatro mil plazas federales y un presupuesto de 14 mil 500 millones de pesos en 2015. Nada más en 2015. Lo de años anteriores se perdió. Se lo gastaron. Educaron movilizando para, con la coartada de un socialismo comunitario y autóctono, convertir al magisterio y a los educandos de Oaxaca en una clase semiesclavizada y dependiente de unos liderazgos de izquierda más parecidos a los de la Camboya de Pol Pot y a la social democracia alemana de Angela Merkel.
Recuperar el control de recursos públicos y de su debida aplicación no resolvió el problema. Es un punto de partida que, insistamos, requiere de una explicación. Ya en el extremo de una democracia medio sorda y medio muda, no estaría de más así fuera una tímida excusa.
Resta todo por hacer en materia educativa en Oaxaca y en los estados donde la disidencia aduce que el acceso de la niñez y de los jóvenes a tecnologías educativas modernas es maniobra e instrumento de la burguesía, como si la burguesía mexicana no fuera desde hace tiempo una reliquia de la historia sociológica.
México llega tardísimo al siglo XXI, pero más vale tarde que nunca.