Obligado el país por la fuerza de las circunstancias a replantear integralmente su gasto para el año próximo, lo que en el argot técnico se conoce como presupuesto base cero, se abre una coyuntura para desterrar vicios arraigados que le abren la puerta a la corrupción.
Estamos hablando de una partida que el año pasado alcanzó 60 mil millones de pesos, que se le deja al uso discrecional de los legisladores.
No hay etiquetas para su reparto. No hay reglas para su operación. No hay ningún obstáculo para el libre albedrío de quienes deciden el destino de los recursos.
Arca abierta para la transa.
Con el costal al hombro, algunos legisladores, concretamente diputados, se van a tocar puertas de presidencias municipales con una oferta imposible de soslayar:
—Aquí tengo los 15 millones para el hospital. Solo que la condición es que el contrato de construcción se le entregue a la empresa tal.
El juego es simple. La firma infla sus costos y los actores reciben su comisión respectiva: “Tanto para mi diputado, tanto para mí…”
Casi el paraíso.
La práctica ha adquirido en el lenguaje moderno el calificativo de moches, aunque el argot judicial los señala como sobornos.
En el centro de la escena la Secretaría de Hacienda coloca de su lado a los legisladores que aprueban el presupuesto de gasto, o si lo prefiere la Ley de Egresos; los ediles suman puntos a su carrera política al ofrecer obras públicas, y hasta se llevan su pilón.
“Esos pollos —decía Don Porfirio Díaz— quieren su máiz”.
Alacena
Lástima que la Constitución haya diseñado el equilibrio del país por la vía de los pesos y contrapesos frente a abusos de los tres poderes.
Lástima que de pronto surja un presidente municipal honesto que, en ruptura del guión, se decide a denunciar al diputado que le pidió su mordida a cambio de un girón de la partida de la corrupción.
Lástima que se haya acabado la partida presidencial que le permitía a los huéspedes de Los Pinos premiar generosamente las lealtades, a veces complicidades, de los integrantes de su círculo íntimo. No hay recibo. No hay exigencia de comprobación. O qué, ¿desconfían del presidente de la Republica?
Hace algunos años, en la posibilidad de que ingresara a un nuevo gobierno —concretamente el lopezportillista— un personaje de origen español con perfil de vivales, nos pidió un alto funcionario información sobre sus antecedentes a título de hacerle un bien al país.
Las referencias eran de negro subido. Sin embargo, el hispano no solo llegó a la nómina oficial sino que se le colocó cerca de la oficina presidencial.
Cuando narrábamos nuestro desconcierto, los interlocutores se carcajeaban de la ingenuidad:
—Le armaste su currícula.
Meses después aparecería en los diarios la foto del personaje en advertencia al respetable público de que la Presidencia de la Republica desconocía cualquier gestión o trámite que hiciera en su nombre.
Y otros meses después, sin embargo, reaparecería como jefe de la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Cayó, pues, para arriba.
¿Se atreverá Hacienda a borrar la partida de la corrupción, también conocida como alacena de los moches?