La deslumbrante pasarela de líderes en la 70 Asamblea General de la ONU se caracterizó por un discurso centrado en temas como la lucha contra el terrorismo y la crisis de migrantes y refugiados que ha sacudido al mundo. Aunque la guerra civil siria ha dominado los reflectores y la narrativa política, existe otro conflicto que ha generado la mayor cantidad de desplazados internos después de Siria a nivel mundial: la guerra civil en Colombia.
Tras medio siglo de hostilidades, más de seis millones de colombianos —13% de la población— han sido desplazados al interior de su país y 396 mil han buscado refugio en otras naciones de la región, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sin embargo, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, viajó a Nueva York con un histórico acuerdo de justicia bajo el brazo, como parte de los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) e incluso aseguró que regresaría a ese recinto en 2016 como el presidente de un país en paz.
Pero el panorama aún es muy complejo. Sobre todo si a esto se suma el reciente conflicto diplomático con Venezuela, derivado de la deportación masiva de más de mil 500 colombianos y cerca de 20 mil que retornaron voluntariamente, tras el cierre de la mayor parte de pasos fronterizos y la autorización del estado de excepción en esas zonas, para combatir supuestas actividades paramilitares y de contrabando.
Cabe mencionar que todo Estado tiene la atribución soberana de cerrar la frontera y deportar o expulsar extranjeros de su territorio, pero no de forma arbitraria. Toda expulsión debe hacerse mediante una resolución administrativa y debe darse la posibilidad de un proceso justo. Además, el Estado debe garantizar el respeto de los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional. Esto no sucedió en Venezuela.
No obstante, a escasas horas de que los mandatarios se dieran cita en el máximo foro internacional, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) anunció que los colombianos expulsados de Venezuela desde el 19 de agosto pasado, podrán regularizar su situación y regresar a territorio venezolano si así lo desean.
No es un secreto que la situación política, económica y social en Venezuela está en plena efervescencia y los ojos del mundo están puestos sobre esta nación, con motivo de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre que pronostican una derrota por primera vez en más de 15 años para la fuerza política en el poder: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Descontento social
Aunque muchos consideran que existe el riesgo de que las votaciones sean manipuladas, las protestas y los índices de aprobación del presidente Nicolás Maduro, por debajo de 25%, no mienten. La inflación descontrolada, la grave escasez de productos básicos y los altos niveles de delincuencia han provocado un descontento social importante, por lo que la disputa fronteriza de Venezuela con Colombia, por ejemplo, parece más un pretexto para desviar la atención que una medida para asegurar un bienestar social.
Pero en este contexto, resulta más alarmante el mutismo de los organismos regionales e internacionales, así como de los líderes que se dieron cita en la ONU para abordar temas de interés global. La descoordinada respuesta a un conflicto bilateral que claramente tiene implicaciones regionales, refleja un retroceso y establece un peligroso antecedente para la credibilidad en las instituciones multilaterales. La soberanía no es un concepto inmutable y el silencio se ha convertido en un pretexto ensordecedor para justificar las violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.