En lo que va del año en el país se han decomisado 26 mil 923 metros cúbicos de madera obtenida ilegalmente, además de que 83 aserraderos irregulares han sido clausurados, pero a pesar de este esfuerzo 70% de la madera que circula en México es ilegal, señala el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez.
Añade que con la intención de fortalecer las actividades de inspección y vigilancia de los recursos naturales la procuraduría a su cargo adquirirá aeronaves no tripuladas por un monto de 69 millones de pesos con el objetivo de aumentar la superficie vigilada en el combate a la tala clandestina en México.
Haro Bélchez explica que dichas acciones forman parte del Programa Forestal Intensivo y Permanente de Combate a la Tala Clandestina, que permitió además registrar una de las mayores detenciones en flagrancia durante los últimos 15 años al aprehender a un total de 35 talamontes en la zona de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en el marco de tres operativos realizados durante los pasados meses de marzo, abril y mayo.
Monarca
Los asentamientos de mariposas Monarca en México registraron un drástico incremento de tala clandestina, un problema que prácticamente había sido eliminado en la región, alertó hace unas semanas el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Casi 19 hectáreas de la comunidad de San Felipe de los Alzati, en Michoacán, estuvieron afectadas específicamente por la tala clandestina durante el control anual 2014-2015, indicó esa ONG ambientalista.
En total se degradaron 21 hectáreas de la reserva, una de las cuales a causa de la sequía, las plagas y los deslaves.
En contraste, durante el periodo 2013-2014 se degradaron casi ocho hectáreas de la reserva, de las que cinco por tala clandestina, añadió la organización, que monitorea 32 comunidades en las que hiberna la mariposa.
“Tenemos que averiguar por qué se está disparando ahí la tala, cuáles son los factores que inciden y atacar no solo con vigilancia, sino también con apoyos a la actividad sustentable de la comunidad”, dice Omar Vidal, director de WWF en México.
La tala clandestina alcanzó su nivel más alto entre 2003 y 2008, cuando 470 hectáreas fueron deforestadas. Pero la vigilancia por parte de autoridades y el fomento de actividades sustentables de los pobladores había logrado prácticamente eliminar esa práctica.
Al dar a conocer los resultados del reporte, Vidal pide a las autoridades incrementar la vigilancia en San Felipe de los Alzati y manifiesta la necesidad de investigar qué grupos del crimen organizado estarían detrás de la tala.
Por su parte, la Profepa ofrece sus propias cifras comparativas e indica que de acuerdo con estudios realizados por esa institución la afectación real fue de 135 árboles derribados por la tala clandestina durante 2014-2015 y que la especie mayormente afectada es la de pino con diámetro de diez a 35 centímetros.
“Es de precisar que la superficie afectada en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en el último año es de 4.3 hectáreas y que en un periodo de uno a más de diez años se talaron 5.9 hectáreas”, destaca un nuevo informe del 8 de octubre.
El procurador ambiental también dio a conocer tres operativos realizados con éxito en el área durante marzo, abril y mayo, donde en total detuvieron a 35 personas en flagrancia.
“Durante estas acciones la procuraduría contó con el apoyo de la Sedena, laSemar, la Policía Federal, Probosque, así como la policía estatal y municipal. Los detenidos, vehículos y madera fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal adscrito a la unidad especializada en investigación de delitos contra el medio ambiente y previstos en leyes especiales de la PGR, donde se llevó a cabo el proceso de consignación correspondiente”, indica Haro Bélchez.
Foco rojo
Otra zona en el país donde se localiza un foco rojo de tala ilegal es la de Los Azufres, en el municipio de Hidalgo en Michoacán, donde se ubican las comunidades de Ciudad Hidalgo y Agostitlán, en las que predominan el acopio y comercialización de madera ilícita.
Los Azufres abarca una superficie de mil 320 hectáreas en la cual opera una banda delictiva denominada La Unión, con origen en Ciudad Hidalgo.
La Profepa señala que en el lugar el aprovechamiento ilegal se lleva a cabo por medio de amenazas a los dueños o poseedores de los predios.
La problemática social en la zona, explica Haro Bélchez, radica en que hace un mes el gobierno de Michoacán realizó operativos a los aserraderos ubicados en Agua de Bucio, Zinapécuaro. “Como respuesta, se amotinaron 300 personas de la localidad impidiendo la actuación de la autoridad y obligando a retirarse”, apunta.
La Profepa también detalla que el 15 de septiembre fue ejecutado Audiel Martínez Hernández, presunto líder de los talamontes de la región oriente de Michoacán, y en consecuencia otros talamontes cerraron por varias horas las salidas y accesos de dicha población hacia Morelia, Maravatío y Zitácuaro.
Para el 24 de septiembre se aprendió a Rogelio Barrón, alias el Ruso, presunto líder de la delincuencia organizada que controlaba el tráfico de madera en la región y supuestamente relacionado con la muerte de Martínez Hernández, así como con la ejecución de Jesús Sánchez Arrecia, ex director de Seguridad Pública de Ciudad Hidalgo.
La Profepa detalla que como parte de una estrategia de atención en la zona, el 28 de septiembre se realizó un operativo forestal en uno de los seis poblados de mayor consumo de materias primas forestales ilícitas ubicado en el municipio de Seguio, teniendo como resultado la clausura de dos Centros de Almacenamiento y Transformación de materias primas forestales (CAT) y asegurando casi 500 metros cúbicos de madera, tres vehículos y 26 equipos de herramienta y maquinaria.
Vigilancia
Haro Bélchez hace énfasis en señalar que con miras a fortalecer las actividades de inspección y vigilancia la Profepa está en proceso de adquirir aeronaves no tripuladas, por un monto de 69 millones de pesos, lo que permitirá aumentar la superficie vigilada, además de reducir costos.
“Se adquirirá un sistema de vigilancia y reconocimiento aéreo con vehículos no tripulados y equipo complementario: dos aviones T-20 y un T-20 JUMP, sistema completo de operación, stock de refaccionamiento para un año, capacitación para los operadores del sistema, dos antenas satelitales y estación de control terrena móvil acondicionada para operar los sistemas T-20 y T-20 JUMP, así como un vehículo de apoyo logístico”, puntualiza.
Añade que los convenios de colaboración que sostiene la Profepa con diversas dependencias federales permitieron, entre otras cosas, conseguir con la Semar 13 embarcaciones tipo Defender Safe Boat, que son capaces de alcanzar velocidades superiores a 85 kilómetros por hora.
También indica que a fin de garantizar el combate a la corrupción y acrecentar la confianza ciudadana en esa procuraduría, mil 282 servidores públicos de niveles altos y medios serán sometidos a controles de confianza aplicados por la Semar.
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