Edgar Elías Azar: nueva etapa al frente del TSJDF

La justicia en el Distrito Federal es y tenderá a ser aún más democrática y transparente, confiable y cercana a la gente, afirma el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar.

Entrevistado después de su elección para un tercer periodo al frente de la institución judicial de la capital del país, proceso en el que recibió un apoyo contundente de la mayoría de los magistrados, con 60 votos a favor de un total de 79 y una abstención, para el periodo 2016-2018, asevera que entre sus principales objetivos está la plena aplicación de la reforma penal y de la oralidad en las materias civil, mercantil, familiar y para adolescentes.

Otros desafíos, subraya, son preparar a jueces, ministerios públicos, defensores y abogados en el nuevo sistema, por tratarse “de una forma de impartir justicia completamente distinta a la tradicional”, así como la construcción de la Ciudad Judicial y robustecer el uso de la tecnología en los procesos judiciales.

Elías Azar destaca la importancia de la nueva manera en que serán procesados los juicios con base en la oralidad, puesto que no solo hará más transparente la impartición de la justicia sino que además disminuirá la corrupción, ya que los ciudadanos podrán ser escrutadores y críticos de la actuación de los administradores de la justicia.

Elías Azar destaca también la necesidad de un mayor presupuesto para dar respuesta expedita a la demanda de justicia en el Distrito Federal, que cuenta con uno de los sistemas judiciales más grandes del mundo.

Y subraya que la justicia es un tema que involucra a todos: ciudadanos, padres o madres, trabajadores y funcionarios, es decir, a la sociedad en general.

Prioridades

Horas después de haber sido electo en el pleno de magistrados para un tercer periodo como su presidente, Elías Azar habla con Vértigo sobre los principales proyectos que impulsará en esta nueva etapa al frente del Poder Judicial capitalino.

Enumera los objetivos generales que servirán para encarrilar la justicia capitalina hacia esa meta en los próximos tres años: la completa implementación de la reforma penal y de la oralidad en todas las materias (civil, mercantil, familiar, para adolescentes), la construcción de la Ciudad Judicial y robustecer la tecnología del tribunal.

Dice que los tres tienen relación intrínseca y estrecha, pero a la vez cada uno tiene sus propios retos particulares.

Por ejemplo, la implementación de la reforma implica mucho más que construir los espacios físicos que alojarán las salas de oralidad. “Se requiere de muchos otros esfuerzos, como capacitar jueces, modificar nuestros modelos judiciales, diseñar criterios de selección y permanencia acordes con los nuevos requisitos de la justicia, entrenar al personal administrativo especializado, nuevos y más robustos mecanismos de medición y evaluación, entre muchos más”, asegura.

—¿Cuáles son los principales retos a encarar en materia de procuración y administración de justicia en la capital del país?

—Diría que el mayor reto es preparar a los funcionarios: jueces, ministerios públicos, defensores y abogados. Creo que, por el momento, es aquí donde todavía seguimos teniendo muchas cosas por hacer. El problema de la capacitación es que no se trata nada más de dar cursos de Derecho en el sentido de enseñarles qué es lo que dice el código y la Constitución.

El magistrado presidente añade que esto es muy importante pero no suficiente, ya que los funcionarios y abogados tienen que estar preparados desde una perspectiva más completa. “Debemos ser conscientes (pues no lo hemos sido suficientemente) de que se trata de una forma de impartir justicia completamente distinta a la tradicional. Las competencias del juez, como las de los ministerios públicos y abogados, han cambiado y se han ampliado en algún sentido”.

Recuerda que los jueces ya no serán esos funcionarios especializados en la ley que solo repiten lo que esta dicta, pues este ejercicio, que se dice simple, implica una labor argumentativa (justificativa) y de interpretación muy compleja para la que todos los funcionarios deben estar preparados.

—¿Cómo se alista el TSJDF para el nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor a partir de junio próximo?

—Todas las instancias y dependencia hemos hecho nuestro trabajo. Aquí hemos logrado algo que no se ha podido en todos los estados por diversas razones: ir de la mano en la implementación. Tenemos mucha comunicación sobre lo que debemos hacer y sobre cómo debemos hacerlo. Esto debe traer tranquilidad, pues no se está implementando un proyecto de justicia fragmentado en distintas visiones y perspectivas, sino que hemos mantenido los tres poderes una comunicación que advierte la unificación de criterios para implementar la reforma de manera coordinada y coherente.

Edgar Elías recalca que los esfuerzos de capacitación han sido muchos y refiere que durante 2015 el Instituto de Estudios Judiciales del TSJDF capacitó a 48 magistrados; alrededor de 450 jueces y a 302 funcionarios judiciales (entre jueces interinos, secretarios proyectistas, secretarios de acuerdos y pasantes de Derecho).

También el instituto se encargó de la capacitación de 270 ministerios públicos; 240 defensores públicos y 320 servidores públicos del Sistema Penitenciario del Distrito Federal.

—¿Qué acciones se realizan para contar con la infraestructura necesaria para los procesos de juicios orales?

—Elproyecto de crear una Ciudad Judicial es parte, precisamente, de instaurar una infraestructura apropiada para los nuevos sistemas de justicia. Hemos logrado ya concentrar varias materias en un mismo distrito de la ciudad, pero todavía nos falta concretar otros proyectos. Tengo la esperanza puesta en que estos podamos terminarlos en los próximos años.

Menciona el nuevo edificio que se ubicará a un lado de la emblemática sede de Niños Héroes, el cual alojará tanto a la Escuela Nacional de Jueces (parte de su proyecto a futuro) como salas civiles, proyecto que dice costará varios millones de pesos, inversión plenamente justificada.

Cultura de legalidad

Elías Azar asevera que la ciudadanía juega un papel relevante en el nuevo sistema de justicia y por ello el tribunal impulsa acciones para fortalecer la cultura de la legalidad.

En este sentido refiere que se han comenzado a configurar programas de difusión de la cultura jurídica con visitas de niños al tribunal, a quienes se explica qué hace un juez, qué hace un magistrado, para qué sirve el Instituto de Ciencias Forenses, etcétera. “Este ha sido un ejercicio sumamente exitoso que pensaríamos en ampliar y también comenzar a hacer visitas guiadas para adultos interesados”.

Procuran asimismo acercar a la gente a través de páginas de internet y redes sociales, mediante el mayor número de información sobre el tribunal que sea posible. “La única forma de acercarnos a la ciudadanía, de democratizar el Poder Judicial, es informándoles sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos”, insiste.

Coordinación

El magistrado presidente destaca la coordinación del TSJDF con el resto de los poderes: en un primer nivel con el jefe de Gobierno, la Procuraduría, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobierno; en un segundo nivel con la ALDF, que ha sido muy receptiva sobre las necesidades jurídicas para la correcta implementación de la reforma.

En un tercer nivel están las escuelas y facultades de Derecho y las organizaciones de la sociedad civil que tienen una participación importante por ser formadoras de las futuras generaciones de abogados y un papel vital para la subsistencia del sistema oral.

Beneficios

En su opinión, el desafío de compaginar la gran cantidad de trabajo que se genera día a día en el tribunal con la demanda ciudadana de una justicia pronta y expedita se puede resolver con mayores presupuestos para los poderes judiciales.

“Los poderes judiciales en nuestro país, por años, han sido relegados en las discusiones presupuestales”, lamenta.

Insiste en que las cosas tienen que cambiar para hacer frente a la demanda de justicia de la ciudadanía, ya que ahora los poderes judiciales no solo tienen que mantener un sistema (el tradicional) sino dos (el tradicional y el oral).

Resalta que entre los beneficios del nuevo sistema está el apego a los derechos humanos y a los requerimientos normativos que impone la Constitución: procedimientos transparentes y claros, democráticos.

“Este último punto es muy importante, ya que uno de los problemas por los que la ciudadanía no cree en su justicia es, fundamentalmente, porque no la comprende. Los abogados nos hemos encargado de hacer los procedimientos jurídicos y nuestro lenguaje incomprensible; esto debe cambiar”, apunta.

Otro beneficio, indica, sería el fortalecimiento de las medidas alternas como la mediación: no todo conflicto debe terminar en las manos de un juez, propiamente dicho, sino que pueden existir otros medios para resolverlo. “Esto, por supuesto, hace que la justicia se tome en serio, así como la voluntad de la gente para llegar a un acuerdo. En suma: la justicia será más justa”.

—¿Qué mensaje manda a los ciudadanos respecto de la importancia de esta nueva etapa?

—La justicia no puede considerarse como el proyecto de una institución en particular o del Estado en general. La justicia es un tema que nos involucra a todos y a todas; como ciudadanos, como padres o madres, como amigos, como trabajadores, como funcionarios. La implementación no puede ni podrá funcionar sin que todos estemos convencidos del cambio. Por ello es sumamente importante que nos informemos y participemos crítica y reflexivamente. México está pasando por muchos cambios: jurídicos, políticos, sociales... No son tiempos de insensatez ni tiempos de medidas irreflexivas ni imprudentes. Se requiere que todos mantengamos los ojos y las mentes abiertas, que sepamos leer nuestra realidad y no agotarnos en el presente, para poder ver hacia el futuro. Seguramente muchos no veremos este cambio actuar en plenitud, pero es el legado que dejaremos a nuestros hijos y nietos. Es por ellos por quienes debemos trabajar hoy.