Sin sorpresas y con sólidos argumentos en pro y en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por cuatro votos contra uno a favor de la solicitud de amparo de cuatro ciudadanos que invocaron la protección de la justicia a fin de producir y autoconsumir marihuana. La sentencia conlleva algunas conclusiones firmes y necesarias reflexiones sobre algunas falacias y muchas interrogantes.
Una conclusión firme es que en opinión de la Suprema Corte cinco artículos de la Ley General de Salud son inconstitucionales.
Otra más es que la despenalización a partir de la inconstitucionalidad de esos artículos solo protege a los cuatro solicitantes del amparo.
Una más es que la marihuana no es una sustancia inocua, sino que es un enervante que ocasiona alteraciones de personalidad.
Adicionalmente, que si se producen cuatro tesis consecutivas en el mismo sentido por parte del Poder Judicial habrá jurisprudencia en firme y la protección judicial se extenderá a toda la ciudadanía en su conjunto. Para no incurrir en tecnicismos, eso es en resumen la conclusión del resolutivo de la SCJN.
Puesto de otra forma: la permisividad de la sentencia únicamente abarca a los cuatro solicitantes del amparo y que el consumo de la marihuana es y seguirá siendo un tema de salud pública que tendrá que ser regulado de una u otra manera, pero de acuerdo a las disposiciones normativas actuales requerirá de la intervención activa del Estado, tarea que ya no compete al Poder Judicial sino al Legislativo en una primera instancia y, posteriormente, al Ejecutivo en su gestión del marco regulatorio.
Algunas falacias
Que la despenalización contribuiría a disminuir la violencia vinculada al tráfico de estupefacientes es una hipótesis. Está sujeta a comprobación. Los traficantes de marihuana no necesariamente pasarían a jubilación en caso de que se legalice finalmente. Hay otros crímenes asociados, incluso más violentos y hay pruebas empíricas de eso.
Otra: celebran algunos que el tema haya estado en el Poder Judicial para no politizarse en el Poder Legislativo. Mentira. Suponiendo, sin conceder, que las posiciones de los ministros de la Suprema Corte hayan sido y sean inmunes a posturas políticas, de manera inevitable el tema se resolverá en el Poder Legislativo ya que la sentencia y eventualmente la jurisprudencia obligarán a modificar cualquier cantidad de ordenamientos legales, facultad exclusiva del Congreso y, por tanto, la determinación regulatoria final estará en manos de los partidos políticos y de sus legisladores. No celebren cosas que no pueden suceder.
Una más: la legalización a la larga no ocasiona un aumento en el consumo. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud desmienten esa afirmación.
Interrogantes sobran. Suponiendo su final legalización, ¿dónde y cuánto se va a producir? ¿Quiénes? ¿Bajo qué condiciones de registro público? ¿Cuánto se puede poseer para autoconsumo? Legalizado el autoconsumo de manera general, ¿cómo y quiénes van a distribuir el producto?
Interrogantes, insistamos, sobran.
Se ha dicho que la guerra contra los enervantes es una guerra de exportación desde Estados Unidos. Si eso es cierto, la guerra acabará cuando Estados Unidos diga que la guerra ha terminado. No antes. Eso es geopolítica real.