El Servicio de Administración Tributaria quitó facultades de fiscalización al gobierno de Sonora, tras comprobar una serie de irregularidades que causaron perjuicio al fisco por 1,705 millones de pesos durante el gobierno de Guillermo Padrés.
Entre las irregularidades detectadas están prestamos millonarios, pagos a parcialidades del IVA e ISR, así como operaciones con clientes y provedores no verificadas.
La investigación se abrió a partir de 3 denuncias anónimas en donde señalan que la Dirección General de Auditoria Fiscal de Sonora benefició a más de 504 contribuyentes sin justificación alguna.
Además de suspender las facultades de comprobación y fiscalización, el gobierno deberá reintegrar a la federación 100 millones de pesos, de los cuales 70 millones son de incentivos cobrados indebidamente, mientras que los 30 millones de pesos restantes por desvíos a otros fondos.
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