Regresan las pensiones en 2016

La sustentabilidad del sistema de seguridad social exige un rediseño legal, financiero e institucional de fondo. 

Redacción
Política
Pensiones
Foto: NTX

Por: Marielena Vega

Bien dicen que las leyes no son para siempre y sí son perfectibles. El caso es que cuando no se hacen modificaciones a tiempo la medicina puede saber mal, e incluso puede ser dolorosa.

Las pensiones son un tema donde la medicina, sea cual sea, sabrá mal, pero hay tiempo para que haya un sistema social de largo plazo y la factura no sea más alta para los mexicanos.

El caso es que las pensiones son un tema que se mantiene latente pero volverá con mucha fuerza en 2016, puesto que se estará a un año de que las Afores den a conocer sus resultados reales de frente a derechohabientes, quienes comenzarán a solicitar su pensión vía este esquema.

Será una posible problemática porque, frente a la caída en el poder adquisitivo, el derechohabiente no podrá mantener el mismo nivel de vida que tenía, ya que se calcula que a la fecha el nivel de ahorro tendría que ser de por lo menos 12% y no de 6.5% como ahora se mantiene.

Soluciones, claro que las hay, comenzando por una reforma constitucional al financiamiento pensionario, donde tendría que ser el Estado el que asuma el costo social de la transición por reformas que se completen a más tardar en 2020.

De acuerdo a los estudios más recientes de la UNAM, cuyo rector es Enrique Graue, y especialistas en la materia como Pedro Vázquez Colmenares (quien fuera uno de los desarrolladores de la reforma en salud de 1997), es fundamental la creación de las Obligaciones Base de Estado en Seguridad Social, donde las pensiones universales estén a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Social (Sinases), financiadas con recursos fiscales generales.

El Sinases lo integrarían dos instituciones: el IMSS, al mando de José Antonio González Anaya, y el IMPI, que comanda Miguel Ángel Margáin, con el fin de que todos los beneficiarios se registren ante el SAT, que encabeza Aristóteles Núñez, y se dé una separación constitucional de sistemas: salud y pensiones, beneficiando la operación institucional y una transición general de ocho años que permita reformar o unificar sistemas.

Será necesario también conformar un órgano autónomo supervisor que analice el equilibrio y sustentabilidad de todo el Sinases (pensiones+salud).

Se trata de pasos que podrían no gustar pero serán necesarios, dado el padecimiento que se tiene.

Realidad

De acuerdo con datos del INEGI, al mando de Eduardo Sojo, y Estudios de la UNAM, 35% de la Población Económicamente Activa tiene un programa de seguridad social y el otro 65% no tiene cobertura de seguridad social. Además, en la actualidad existen 105 sistemas pensionarios a nivel federal, más 33 sistemas estatales, pero solo cinco o seis están fondeados. Aunado a ello el pasivo consolidado de entidades y paraestatales representa 104.2% como proporción del PIB.

Es una realidad que la seguridad social actual es financieramente inviable y socialmente inequitativa, así como el hecho de que el modelo de “derechos laborales” no rendirá más ante la limitación de lograr tasas altas de crecimiento del empleo y del producto.

De ahí que la sustentabilidad del sistema de seguridad social exige un rediseño legal, financiero e institucional de fondo, comenzando por establecer una disposición para impedir el uso de recursos fiscales generales en el financiamiento de obligaciones laborales y pensionarias particulares, seguido de fijar límites presupuestales a compromisos laborales y pensionarios en las entidades y dependencias receptoras de recursos fiscales, para después promover autorreformas pensionarias, tiempo que no deberá pasar de ocho años y en el que también se deben dar mecanismos de financiamiento para que la transición pensionaria permita que el gobierno federal, al mando de Enrique Peña Nieto, apoye con emisiones de deuda pública el costo de las transiciones financieras o los instrumentos de reforma hacia los nuevos esquemas ya fondeados.