Hace dos semanas una noticia sacudió a la opinión pública nacional al darse a conocer que se había girado una orden de aprehensión contra un subsecretario de Gobernación, el de Prevención del Delito, Arturo Escobar.
El ex diputado del Partido Verde había estado en el centro de la polémica durante la campaña federal por diversas prácticas emprendidas por su partido rumbo a la elección del pasado 7 de junio.
El tema de la legalidad de esas prácticas había sido la causa de la controversia. Diversas lagunas e imprecisiones en las leyes electorales hacían que la cuestión fuera opinable y obligaron a que el Consejo del Instituto Nacional Electoral interpretara y resolviera en esa materia. El INE impuso diversas multas al Partido Verde en el ámbito administrativo. Algunas las revocó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; otras las ratificó. Todas en el ámbito administrativo.
Pasada la elección, por las mismas faltas, el PRD interpuso denuncia penal, es decir, competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. La Fiscalía decidió que sí había presunción de delito y solicitó la orden de aprehensión. Al hacerse pública, previo a que efectivamente un juez girara la orden, se violentó el debido proceso del inculpado, quien se separó del cargo para enfrentar su defensa.
Desde ahí todo se enturbió. Por un error procesal de la Fiscalía se debilitaba todo el caso aunque, suponiendo sin conceder, estuviera debidamente fundado en el argumento de fondo. Pero al error procesal se agregó una revelación posterior: cuando el fiscal Santiago Nieto se postuló ante el Senado de la República como aspirante a esa Fiscalía omitió en su experiencia profesional que trabajaba para el PRD en el Senado con un contrato de más de un millón de pesos. En la misma omisión había incurrido cuando se postuló previamente en la Cámara de Diputados para ser consejero del Instituto Nacional Electoral.
Una omisión de ese tipo, por única ocasión, puede ser un olvido; en dos ocasiones consecutivas, la misma omisión puede implicar dolo y ocultamiento consciente de información políticamente sensible para la toma de decisiones de una Cámara Legislativa.
Insostenible
Es un hecho que el Senado o una parte del Senado votó sin información suficiente a favor de que Santiago Nieto fuera fiscal electoral. El caso de Arturo Escobar está en marcha y sujeto a litigio, aunque ya un juez de Primera Instancia negó la orden de aprehensión porque los hechos imputados no son los que tipifica el Artículo del Código Penal alegado por la Fiscalía en la presentación de su denuncia, lo que significa en términos simples y llanos que la denuncia estaba mal hecha.
Existen otras instancias y Arturo Escobar tendrá que defenderse. Y salvo lo que diga otro juez, es presuntamente inocente como cualquier otra persona sujeta a una causa penal hasta que el Poder Judicial diga lo contrario, si es el caso.
Culpable o inocente, llegado el momento procesal, desde un punto de vista jurídico sería un expediente cerrado.
¿Y el otro tema? Desde un punto de vista político, no necesariamente jurídico, hubo ocultamiento y también, insisto, desde un punto de vista político, falsedad de declaración o información incompleta conscientemente para favorecer un dictamen del Senado.
Nadie está pidiendo que se detenga la investigación sobre el ex diputado y ex subsecretario Arturo Escobar. Pero tampoco nadie está negando que por parte del fiscal hubo un engaño. Políticamente su situación es insostenible y lo mejor sería que, lo más pronto posible, presente su renuncia al cargo.