Cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari quiso vender las bondades del Tratado de Libre Comercio (TLC) la oferta a la sociedad era que el crecimiento económico saldría de la mediocridad de 2% de promedio anual: el tratado llegó y la tasa de PIB siguió igual.
Las reformas estructurales del gobierno actual volvieron a reproducir el modelo: crecer más, aunque en la realidad la tasa sigue igual.
El problema en realidad no es de reclamos sino de proyectos de desarrollo: de 1954 a 1982, la tasa promedio de PIB anual fue de 6%;de 1983 a la fecha, con las reformas del TLC y las estructurales recientes, los saldos apenas aumentaron a 2.2% promedio anual. Lo malo, sin embargo, es que la economía necesita crecer a tasas promedio anual de 6% para atender las demandas de empleo, salarios y bienestar.
El ciclo del Estado populista terminó con el colapso de tipo de cambio de 1982; el largo periodo de economía liberal sigue vigente y su saldo real es el de la pobreza: de acuerdo con las cifras oficiales de Coneval, solo 20% de los mexicanos vive en condiciones de no pobreza ni marginación, o para decirlo de otra manera: 80% de los mexicanos carece de bienestar.
Lo que la economía está diciendo es que el problema del bienestar mexicano es un asunto de modelo de desarrollo, no de ajustes productivos sexenales. Salinas de Gortari tenía la urgencia de firmar el tratado y lo apresuró sin una reorganización productiva; ahora el gobierno reformó el sector energético con la expectativa de llegada de grandes inversiones, pero no ha presentado el modelo de redistribución de la riqueza.
Más que propuestas sexenales, el país debe llegar a la conclusión que el modelo de desarrollo que fundó el movimiento social, político y de modernización de la Revolución Mexicana ya no funciona para las necesidades actuales. Y más que ajustes parciales —liberalización del comercio exterior, fin de barreras a inversiones extranjeras en sectores estatales e integración productiva internacional—, las cifras de marginación, pobreza y pérdida de bienestar indican que se requiere replantear el desarrollo.
Definiciones
El asunto tiene que ver con la redefinición del papel del Estado no en la intervención directa en la producción ni en la regulación de sectores exclusivos sino en sus tareas de redistribución de la riqueza vía gasto social, políticas salariales, estímulos a la oferta, redefinición de los modelos industrial y agropecuario y políticas fiscales redistributivas. Los años idílicos del Estado —los sesentas— vieron a un Estado promotor del desarrollo, no con afanes de propiedad.
Las reformas productivas del largo periodo neoliberal (1979-2015) sentaron las bases para la modernización de la producción, pero no hicieron gran cosa en los niveles de distribución de la riqueza. Para ello no se necesita que el Estado crezca sino que lidere la definición de políticas de desarrollo, de políticas públicas y de políticas de acotamiento de la polarización riqueza-pobreza.
Partidos políticos, sindicatos y sectores académicos deberían de abrir un debate sobre esta agenda pendiente y con mayor razón ahora que se anuncian inversiones millonarias en el sector energético sin que existan programas de desarrollo del bienestar de la sociedad. Al final, la polarización social siempre ha llevado a rupturas de la estabilidad nacional.