Sabemos que este mes de febrero es el que más efemérides civiles militares tiene el año, comenzando por el festejo de la promulgación de la Constitución el día 5 y terminando con el Día de la Bandera el 24.
A lo largo de las siguientes semanas se conmemoran la Marcha de la Lealtad, el 9; el Día de la Fuerza Aérea, el 10; el Día del Estado Mayor Presidencial, el 18; para finalizar con el histórico 19, Día del Ejército Mexicano.
Además, coincidiendo con tan intenso calendario, tendremos la visita del Papa Francisco del 12 al 17 próximos.
De tal manera que se avecinan días de muchos mensajes, análisis de discursos, interpretaciones y protocolos que, a su vez, tendrán honda repercusión en la opinión pública y social durante meses. Sin olvidar tampoco el inicio de las doce campañas electorales donde se disputan otras tantas gubernaturas, además de los comicios locales en Baja California.
En medio de todo este ambiente hay aspectos que debemos considerar sobre la situación que prevalece en el ánimo de algunos medios de comunicación, nacionales y extranjeros, respecto de las difíciles condiciones jurídicas con las que los integrantes de las Fuerzas Armadas participan en las tareas de contención y sometimiento al crimen organizado.
Meses van, meses vienen y hace apenas unos días, el lunes 1 de febrero, la Conferencia Nacional de Gobernadores adelantó su compromiso para la creación del Mando Único o Policía Estatal Única. Esperemos que esto no retrase más una discusión y solución indispensable para recuperar la seguridad pública, responsabilidad de principio a fin de la autoridad civil.
Actividad
Pero mientras eso sucede las Fuerzas Armadas, y en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante una importante serie de convenios con organizaciones nacionales y extranjeras, como son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Comité Internacional de la Cruz Roja, se ha dado a la tarea de fortalecer la enseñanza, aprendizaje, pero sobre todo aplicación, de los preceptos que garantizan en las acciones de seguridad pública el pleno respeto al marco jurídico de los derechos humanos.
Hay una intensa actividad docente en las instalaciones militares del país. Ya sea en los planteles educativos, instalaciones de adiestramiento o de despliegue territorial, es constante el estudio de los derechos humanos. Esto explica en muy buena parte la sistemática reducción de los recursos (quejas) interpuestos ante la CNDH, ya que en comparación con el año anterior se observan las siguientes cifras: en 2013 hubo una disminución de 42.34% respecto de 2012; en 2014 descendieron las quejas en 60.69%, y para el año que acaba de concluir bajaron 60.90 por ciento.
Derivado de esas cifras y tendencia es muy relevante destacar y considerar que el número de recomendaciones o casos probados de violaciones a los derechos humanos por parte del personal militar bajó entre 2012 y 2015 en 86.6 por ciento.
Estos datos deben ser ponderados antes de emitir cualquier argumento o posicionamiento de descalificación con base en meros prejuicios. La documentación en este tipo de temas o cualquier otro de la realidad nacional demanda una investigación imparcial.