Miles de giros negros se han cerrado en el país y algunos de los responsables de trata de personas se encuentran tras las rejas, pero muchos dueños de los establecimientos más grandes siguen libres.
Hasta ahora han fracasado en su intento de destruir la Ley General desde el Senado. Al modificar la legislación en 79%, establecer un único bien a tutelar, agregar los medios comisivos a la definición del delito, derogar artículos como el 19 y 20, y eliminar el Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas, se pretende perjudicarlas y beneficiar a los tratantes.
¿Cómo buscan permanecer impunes? Fácil, con corrupción. Los tratantes multimillonarios usan todos sus recursos para no pisar la cárcel. Los dueños del Solid Gold y el Cadillac, por ejemplo, han conseguido abogados que trabajaron en procuradurías para que muevan sus influencias. En este sentido, las víctimas se enfrentan a una doble y grave injusticia: mientras estos delincuentes usan sus riquezas obtenidas de la explotación ajena para contratar abogados influyentes y sobornar autoridades; muchas víctimas, que provienen de grupos socioeconómicos vulnerables, no pueden ni siquiera pagar sus pasajes para asistir a las audiencias durante el proceso legal, mucho menos un abogado.
Justicia
Sin embargo, aún hay autoridades incorruptibles, principalmente en la PGJ de la Ciudad de México, y para muestra, uno de tantos casos:
A Noé Quetzal lo buscaba el FBI por encabezar una red internacional de trata de personas; admirado y temido por otros tratantes, presumía tener a más de 150 víctimas en su poder. En 2012, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) realizó un operativo para capturarlo en Tlaxcala, en el cual además se rescató a una de sus víctimas, Matilde. En el trayecto de Tlaxcala a la Ciudad de México, Noé Quetzal intentó comprar su libertad y a Matilde. Para cuando habían llegado a la capital, su oferta era de ¡5 millones! para todo el equipo de la PGJDF.
Las víctimas estarían más indefensas sin el apoyo de autoridades sensibles como aquellas que laboran en la PGJ de la Ciudad de México y que han demostrado que no hay dinero suficiente para cambiar una orden de aprehensión. También ha sido muy importante el apoyo de abogados como María Teresa Paredes, del despacho Estrategia Legal, y Héctor Pérez, de la Clínica de Interés Público, contra la Trata de Personas del ITAM. Las víctimas no tienen los recursos que los tratantes sí, pero tienen fe en la justicia mexicana. Clamamos a todos a materializar esta esperanza.
Estilo mata carita
Y hablando de trata, no nos cabe duda que en su trayecto por evadir la justicia, algunos de estos criminales llegarán hasta la Suprema Corte de Justicia, lo cual nos tranquiliza porque sabemos que allí, al igual que en el Gobierno de la Ciudad de México, hay servidores incorruptibles. Estamos seguros que los ministros no permitirán que esta impunidad se mantenga para quienes por décadas han vivido de la esclavitud.