Las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en los Foros de Debate sobre la Legalización de la Marihuana han abierto un horizonte de posibilidades enorme y una ventana de oportunidad para cambios de fondo en las políticas públicas de seguridad de combate al tráfico de enervantes, del perfil del sistema penitenciario en México y, en general, de la definición y concepto del delito y la delincuencia en el país.
El punto de vista de Osorio Chong, que no es cualquier punto de vista u opinión sino la postura del secretario de Gobernación, responsable de la seguridad pública federal y organizador de estos foros, constituye por su sencillez un atractivo operacional difícil de desechar: descriminalizar a los consumidores y perseguir a los traficantes.
Lo anterior, desde su sencillez, implica cirugía mayor en ciertas áreas. Una, la más obvia, el sistema penitenciario mexicano. La mayoría de los detenidos por tráfico de estupefacientes en México lo han sido por posesión, no distribución ni comercialización de enervantes. Un porcentaje mayoritario de esos detenidos son menores de 40 años y casi todos primodelincuentes, sin antecedentes de delitos previos y mucho menos con utilización de armas blancas o de fuego en la comisión de los hechos.
Todavía más grave es el caso de las mujeres presas por el mismo tipo de delincuencia: más de 90% también son delincuentes por posesión sin historial criminal anterior.
En ambos casos, hombres y mujeres, rotas las cadenas de fuentes familiares de ingreso y hogares deshechos, la mayoría de ellos muy humildes, sin la presencia indispensable de hijas, hermanas y madres jóvenes. Esto en el marco de un sistema penitenciario sobresaturado y ajeno a prácticas de readaptación y reinserción. Por el contrario: es la instancia propedéutica de la repetición del delito o el agravamiento de las faltas y consecuentemente de las penas.
Tema aparte lo es el de la posesión. El límite en la legislación mexicana es de cinco gramos. Hay países, avanzados, donde el límite llega hasta los 28 gramos, cinco veces más que lo permitido en México.
Paso
Todo un tema de discusión sin caer en visiones maniqueas de blanco o negro, sin quitar el dedo del renglón de que el consumo de marihuana no es inocuo, pero puede ser hasta menos dañino que el tabaco o el alcohol cuyo acceso es ilimitado, desde un punto de vista legal, para la población adulta del país.
Descriminalizar al consumidor podría llevar, incluso a largo plazo, a la reclasificación del delito y hasta modalidades inéditas de amnistías controladas y reguladas bajo la supervisión del Estado en una estrategia de reunificación familiar, recomposición del tejido social y reorientación hacia un modelo productivo y de afianzamiento de valores en las comunidades más vulnerables y en los segmentos de edad más expuestos.
La focalización de la política pública de seguridad que se desplace de la persecución del consumidor a la del traficante permitiría un uso más eficiente de las capacidades disuasivas y persecutorias de los cuerpos de seguridad pública federal y bajaría los márgenes de corrupción y extorsión de fuerzas estatales y municipales.
Desde luego que las declaraciones del secretario de Gobernación se prestan a muchas interpretaciones y deberán estar seguidas de muchas decisiones adicionales. Pero parece que se da un paso decisivo ya no en la discusión del todo o nada sino del cómo y cuándo, a qué ritmo, bajo qué marco normativo y con qué fines tangibles para la seguridad del Estado y la libertad de elegir de los mexicanos adultos.