Por: Danya Itzel Sangeado
La Real Academia Española define a la transparencia como la calidad de ser transparente: un cuerpo que permite ver los objetos con nitidez a través de él. ¿Pero qué significa en el ámbito legislativo el transparentar la información?
Los expertos responden que, por una parte, el artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública define al derecho de acceso a la información como aquel que incluye “solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información”.
Y, por otro lado, nuestra Constitución, en el artículo 6, apartado A, fracción I, establece a su vez las bases que deben observar la Federación y los estados para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Este ordenamiento, dicen los especialistas, “mandata que la información en posesión de cualquier autoridad y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y/o Judicial —entre otros es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional”.
Además, añaden los expertos consultados, “señala que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.
Es decir, en una primera etapa la transparencia se entendió como la obligación de rendir cuentas, pero este concepto debe ser más amplio e incluir ahora de manera evidente la obligación de colocar toda la información en una vitrina pública, para que cualquiera que esté interesado pueda revisarla y analizarla.
En el caso de los poderes legislativos de los estados, su ideal debe ser el de convertirse en “parlamentos abiertos”; en otras palabras, garantizar mecanismos para que cualquier ciudadano, sin importar dónde se encuentre, tenga la facilidad de acceder y consultar toda la actividad legislativa y la información que se genera en materia de iniciativas, dictámenes, minutas y puntos de acuerdo, así como poder ver en tiempo real qué pasa en sesiones del pleno o de las comisiones, a fin de generar una mayor participación ciudadana y una sociedad más democrática.
Por ello los Congresos estatales, para cumplir con los ordenamientos legales en el rubro de transparencia, se han comprometido a informar acerca de su actividad legislativa.
Evaluación
En Vértigo consultamos a un grupo de expertos que realizaron una encuesta desde una perspectiva ciudadana con la finalidad de identificar a los Congresos que más promueven el Parlamento abierto.
Los Congresos objeto de la encuesta correspondieron a los 31 estados, con un total de 23 preguntas. Cada pregunta tenía dos escenarios posibles: cumple o no cumple. Los reactivos del cuestionario pueden verse en el recuadro adjunto.
Como resultado del sondeo los especialistas señalaron que como los mejor calificados en materia de transparencia se distinguen los Congresos de Tamaulipas, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, Campeche, Sonora, Coahuila y Durango, que cotidianamente trabajan para acercarse a las personas aprovechando las herramientas tecnológicas de nuestra era moderna, al contar con páginas de internet en constante actualización, publicando qué pasa dentro del Congreso, qué iniciativas se presentan y cuál es el proceso de aprobación de las mismas, demostrando con ello la importancia de que cualquier persona conozca su trabajo.
Después de todo, la razón más importante para exigir un Parlamento abierto es que la transparencia es una obligación, no una prerrogativa: en un Estado democrático el ciudadano debe tener acceso a la información necesaria para poder participar en la toma de decisiones.
