Los no dueños de su tierra

Considerado como uno de los más graves problemas de propiedad en México, la falta de regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos humanos ubicados en terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal no permite tener un patrimonio propio con certeza jurídica, ni infraestructura, equipamiento y servicios públicos tales como alumbrado, pavimentación y drenaje, lo que provoca la pérdida de calidad de vida para millones de ciudadanos.

Se trata de más de 7.5 millones de mexicanos que no cuentan con un documento que los acredite como dueños de sus terrenos, al encontrarse en situación de irregularidad.

Por ello, diputados federales dicen a Vértigo que hoy se busca que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) fortalezca su marco jurídico para dar seguridad legal a estos avecindados.

Es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la institución que refrenda una vez más la problemática nacional sobre esta falta de legalidad en la posesión de la tierra, pero son funcionarios de la Corett y diputados federales los que describen las posibles soluciones para afrontar esta falta de seguridad normativa en esos predios a lo largo y ancho del país.

Dilema

En su informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014, la ASF presentó una auditoría con clave 14-1-15QDV-07-0136 DE-126 a la Corett, denominada Regularización de lotes en asentamientos humanos irregulares en terrenos de origen ejidal, comunal y de propiedad federal.

El objetivo de dicha indagatoria fue “fiscalizar el otorgamiento de escrituras a los poseedores de los lotes para regularizar asentamientos humanos en terrenos de origen ejidal, comunal y de propiedad federal”, pero los datos resultaron sorprendentes.

La pesquisa dio como resultado una evaluación de la eficacia en la entrega de escrituras para disminuir la vulnerabilidad de los avecindados mediante “procesos de promoción y sensibilización para la regularización de la tenencia de la tierra, atención a las solicitudes de contratación de lotes, integración de expedientes técnicos programados con la finalidad de contar con lotes disponibles para enajenar a los arraigados y el costo de la regularización”.

De acuerdo con la auditoría, al mes de agosto de 2013 se encontraban en proceso de regularización más de 370 mil predios que representaban 21 mil hectáreas en dos mil 167 asentamientos humanos irregulares a lo largo y ancho del país.

Asimismo, reveló que en las últimas cuatro décadas se escrituraron casi 2.7 millones de lotes a favor de sus ocupantes, pero la acción regularizadora ha disminuido: en 2012 se escrituraron casi 16 mil propiedades frente a 119 mil en 1998 (750% menos).

Lo anterior, agregó, “indica una estrategia poco eficiente frente a los cinco millones de lotes habitacionales informales, irregulares o ilegales estimados en el país”.

Asimismo, en el ámbito nacional se calcula que un promedio de 90 mil lotes irregulares se fraccionan cada año, involucrando a 360 mil habitantes; además, 15 millones de inmuebles carecen de escrituras en el país, advierte el órgano fiscalizador, dependiente de la Cámara de Diputados.

Para frenar esta complejidad de propiedad, cuenta la ASF en su informe, al mes de agosto de 2013 “la Corett llevó a cabo el proceso de regularización y escrituración de lotes a favor de sus poseedores (avecindados, aún no propietarios), quienes debían cubrir o pagar los servicios para que pudieran tener una escritura pública que les garantizara la certeza jurídica de su patrimonio”.

Y como lo establece el marco normativo de la Corett, “su diseño presupuestal se determinó en función de su naturaleza jurídica como organismo público descentralizado de control presupuestal indirecto, que dependía de los recursos propios que genera por los servicios de regularización”.

Así, por no tener presupuesto propio para la regularización en asentamientos humanos irregulares o en terrenos de origen ejidal, comunal y de propiedad federal, para normalizar lotes de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, “los cometidos no se cumplieron”.

En términos monetarios, el presupuesto ejercido —y en parte por la recaudación de trámites de regularización de lotes en asentamientos humanos irregulares— fue de 416 millones 935 mil pesos, “que representaron 98.4% del gasto total de toda la actividad de la institución durante 2013”, reveló la ASF.

La cifra, añadió, resultó insuficiente para avanzar en los programas establecidos para favorecer a los millones de ciudadanos que buscan regularizar su predio desde hace lustros.

Cabe señalar que desde el 26 de febrero de 1999, por decreto presidencial, se definió como objetivo de la Corett, “como organismo público, que además de promover la vinculación del aprovechamiento de terrenos de origen ejidal y comunal con la política nacional de asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población”, hiciera posible “la coordinación de estos procesos con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación de sus municipios y de la Ciudad de México”.

Soluciones

Por estos motivos, actualmente diputados federales se comprometen con la Corett para fortalecer el marco jurídico del organismo con el objetivo de dar seguridad legal a esos 7.5 millones de mexicanos que no cuentan con un documento que los acredite como dueños de sus terrenos, al encontrarse en situación de irregularidad.

El titular de la Corett, Jesús Alcántara Núñez, precisa que de acuerdo con datos del INEGI “en 2013 una de cada cuatro familias con casa habitación no tenía escrituras o título de propiedad que la certificara como dueña de su predio. Aunado a esto, cada año se suman a la irregularidad otros 90 mil lotes”.

Admite el funcionario que la institución —sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)—, en este último punto, “se encuentra en situación de desventaja, ya que en 40 años de existencia solo ha logrado regularizar tres millones de terrenos”.

Por lo anterior, Alcántara exhorta al Congreso de la Unión a mejorar el marco jurídico de la institución y dotarla de más facultades para regularizar las tierras, “en virtud de que algunas contradicciones legales han impedido hacer esto con mayor facilidad y de que se ha planteado transformar a la Corett en un Instituto Nacional del Suelo Sustentable, que solvente problemas como la inexistencia de un registro de propiedades”.

Y advierte: “Actualmente, a la Corett no se le asigna presupuesto: solo se mantiene de lo que cobra por concepto de regularización, que es muy limitado para ayudar a mejorar la situación de propiedad de quienes más lo necesitan y que no tienen dinero”.

Sobre este dilema, el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Reforma Agraria, Jesús Serrano, asevera que “el burocratismo” no permite tener control sobre la situación de propiedad de las tierras, ni conocer cuántas son regulares o irregulares.

Al respecto, se pronuncia “por conjuntar ideas con el Senado de la República para resolver la problemática, ya que el campo mexicano está muy descuidado y se debe hacer un compromiso al respecto”.

Serrano manifiesta su interés “por trabajar de manera conjunta, para dar certeza jurídica a la propiedad de quienes más lo requieren, problema que enfrentan varios municipios”.

A su vez, el legislador priista Hugo Cabrera precisa que es importante tener un diagnóstico no solo para saber cómo se encuentra la Corett sino también la situación de la regularización de propiedades. Y establece un dato revelador: “Tan solo en Querétaro 30% de los habitantes vive en una situación de irregularidad respecto de sus viviendas”.

El congresista Carlos Bello, de Acción Nacional, anuncia en tanto que en semanas pasadas se reunieron con el titular de la Corett, Jesús Alcántara, para abordar la problemática de la institución y así impulsar políticas para que las familias tengan la certeza de un patrimonio legalmente establecido. “Es importante no únicamente escuchar lo que hace este organismo de gobierno, sino también sumarnos a las necesidades en materia de ajuste o creación de leyes a fin de apoyar el desempeño de sus funciones”, explica.

De esta manera, funcionarios y legisladores advierten sobre la necesidad de poner más énfasis en la legalidad de la propiedad de la tierra a través de la Corett.

El reparto agrario del México posrevolucionario fue un gran logro social, pero lamentablemente en los albores de un nuevo siglo se ha convertido en un problema debido a la falta de legalidad en los terrenos para desincorporarlos del ejido.