El GIEI y el gobierno

El problema es que el GIEI ha pasado de coadyuvante a activista político

Sergio Sarmiento
Columnas
GIEI
Foto: Cuarto Obscuro

El gobierno mexicano ha tomado la decisión de no renovar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Por escrito, las autoridades mexicanas han notificado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no se solicitará una nueva prórroga para la investigación del grupo. La comisión, que ha tenido ya roces muy fuertes con el gobierno mexicano, advirtió que es ella la que tiene el derecho de decidir si renueva o no el mandato del GIEI.

Supongo que la CIDH tiene razón y podría decidir mantener el trabajo del GIEI. La única diferencia sería que la propia institución tendría que pagar los gastos de este grupo: hasta ahora ha sido el gobierno mexicano el que ha tenido que cubrir los gastos millonarios del GIEI.

El gobierno sostiene que ya otorgó una prórroga, mayor incluso que la que solicitó el GIEI en octubre del año pasado, cuando pidió cuatro meses pero el gobierno prolongó su mandato seis meses hasta la terminación de abril.

Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, ha señalado: “Ha transcurrido el tiempo suficiente, poco más de un año, y es hora de que el GIEI presente sus conclusiones”.

El problema es que el GIEI ha pasado de coadyuvante a activista político. Sus miembros están menos interesados en determinar lo que ocurrió con los normalistas en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, que en respaldar la posición política de los líderes del movimiento.

Para ellos lo importante es demostrar que “fue el Estado” o, más específicamente, el gobierno federal. En otras palabras, el gobierno federal habría ordenado secuestrar a los normalistas a los cuales tendría encerrados en algún cuartel militar. Poco importa que no haya pruebas o siquiera indicios.

Descalificaciones

La decisión del gobierno federal no debe haber sido fácil. Si bien no hay duda que la intención del GIEI es política y no de esclarecimiento de los hechos, el rechazo a prorrogar el mandato del grupo hará que el gobierno sea nuevamente cuestionado en temas de derechos humanos.

De hecho, a pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto logró al inicio de su gestión reducir los cuestionamientos sobre este tema, en los últimos tiempos se han multiplicado, como se percibió en la reciente gira presidencial por Alemania y Dinamarca. Lo curioso es que no fue el caso de Tlatlaya, en el que realmente participaron miembros del Ejército, el que ha generado esta andanada política, sino el de Iguala, en el que no hay indicios de participación de fuerzas federales.

La diferencia, sin embargo, es que el caso Iguala está mucho más politizado

por la participación del movimiento de Ayotzinapa (que no es necesariamente representación de los padres de las víctimas).

El propósito del GIEI es mantener viva la discusión. El caso Iguala se ha convertido en una herida que supura sin cicatrizar para el gobierno de la República. Es uno de los focos que reúnen y fortalecen a la oposición del régimen. Una parte significativa de la impopularidad del gobierno surge de los grupos que utilizan a Ayotzinapa como bandera. El GIEI busca prolongar su investigación para seguir azuzando este ánimo político.

Supongo que el gobierno federal ha sopesado bien los pros y contras de no renovar el mandato del GIEI. Estamos viendo un aumento, por lo menos temporal, de las descalificaciones a la política de derechos humanos del gobierno.

Pero quizás esto es mejor que mantener y pagar a una institución cuya principal

preocupación es debilitar al gobierno por razones políticas.