El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, pretende confrontar jurídicamente una ordenanza dictada por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Culiacán, cuya resolución a su vez autorizó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detener la edificación de una planta de amoniaco en Topolobambo, Bahía de Ohuira, en el municipio estatal de Ahome.
Esta edificación causa ya severos daños a la flora, fauna marina, manglares y modo de vida de cientos de pescadores locales, con un detrimento ecológico irreversible en la zona, evidencian documentos en poder de este semanario.
El permiso otorgado en 2014 a la firma privada Gas y Petroquímica de Occidente SA de CV para construir esta fábrica de amoniaco pendía de un hilo, ya que la anuencia aprobada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA, dependiente de la Semarnat) fue una autorización “condicionada” por las claras “actividades altamente riesgosas” que pretende realizar la empresa en la zona.
Por lo anterior, un dictamen técnico realizado por expertos en el perímetro de edificación demostró claramente los enormes riesgos ambientales que comenzó a sufrir esta área integrada a los Convenios de Ramsar que se derivaron de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas —conocida en forma abreviada como Convenio de Ramsar—, firmada en Irán el 18 de enero de 1971 y que entró en vigor el 21 de diciembre de 1975.
Con todos estos elementos el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Culiacán determinó frenar la obra.
A pesar de ello el gobernador Mario López Valdez, popularmente conocido como Malova, proyecta defender en tribunales a esta empresa que de seguir la edificación causará más trastornos ecológicos en una zona altamente rica para el ecosistema mundial.
Dilema
Con una resolución administrativa y mediante oficio con número SGPA/DGIRA/DG/03576, de fecha 21 de abril de 2014, la DGIRA aprobaba de forma “condicionada” la edificación de una fábrica denominada Planta de Amoniaco de 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa, para construirse en la zona conocida como Bahía de Ohuira, municipio de Ahome.
Gas y Petroquímica de Occidente SA de CV, matriz de esta subsidiaria que se pretende construir, presentó a la DGIRA el proyecto consistente en la construcción y operación de una planta que ocuparía un área de 26.75 hectáreas para la producción de amoniaco anhidro con una capacidad de dos mil 200 tmpd (toneladas métricas por día), con capacidad de almacenamiento de 75 mil toneladas resguardadas en tres tanques de 25 mil toneladas métricas cada uno.
La edificación, según la empresa, consiste en una planta para la producción de amoniaco; un ducto para el transporte de gas natural desde la interconexión con el gasoducto El Oro-Topolobambo hacia la planta de amoniaco; un ducto para el transporte de amoniaco anhidro desde la planta de amoniaco hasta el muelle del puerto de Topolobambo; una línea de conducción de agua desde el canal de toma de agua de la CFE hasta la planta de amoniaco; una tubería de descarga de agua al canal de la CFE; una planta desaladora para agua potable y de calderas, y una planta de tratamiento de aguas residuales.
De acuerdo con lo anterior, manifestado por la empresa, la DGIRA les dio el permiso de manera “condicionada” para analizar el asunto y luego determinó que las cantidades de amoniaco superaban en mucho los reportes establecidos en el primero y segundo listado de actividades altamente riesgosas publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990 y el 4 de mayo de 1992.
Por lo tanto, concluyó que “la actividad que pretende realizar la promovente es altamente riesgosa”, según la resolución de la DGIRA.
Ante ello un grupo de ciudadanos encabezados por el ex diputado federal Gerardo Peña Avilés, así como Abel Orozco, Julián Ariel Calzada, Juan Carlos Sánchez, Jesús Manuel Almada, Ángel Antonio Zamora, Alejandro Álvarez, Martín Chaparro, Román Navarro y Alma Andrea Palafox, tramitaron amparos para frenar la obra.
Puntos suspensivos
El caso se encuentra en puntos suspensivos porque el gobernador Mario López Valdez pretende defender en tribunales el caso de los particulares que planean construir la planta de amoniaco.
Al respecto, en entrevista exclusiva con Vértigo, el ex diputado federal Gerardo Peña Avilés define la controversia suscitada con esta zona: “La planta se pretende construir en un sitio Ramsar: un área natural protegida en acuerdos internacionales, por la convención Ramsar, cosa que la Semarnat no debió haber autorizado. Pero Semarnat dice: ‘El ayuntamiento me entregó un uso de suelo y una vigencia de construcción que señala que sí se puede construir’; y de ahí se agarran, pero el uso de suelo es falso porque pertenece en primer lugar a una carta urbana derogada”, indica.
Añade que hay un enredo en los permisos, desde quienes vendieron los terrenos hasta los que compraron para construir: “Los que se asocian, compran y empiezan a trabajar, en todo eso están las complicidades. Los permisos a medias o las autorizaciones a medias implican restricciones en la manifestación de impacto ambiental a la empresa: les dicen que sí se autoriza el proyecto, pero no podrán rellenar porque es un humedal… ¡pero desecaron el manglar para ese fin!”
Peña denuncia que hubo en la operación de venta de los terrenos resoluciones no muy claras: “Se agarraron de una ley del estado de Sinaloa para regularizar predios rurales; se supone que son predios abandonados, aislados, un poco sin mucha utilidad, pero no están regulados en el agua o en el mar… está muy sesgado esto. Entonces, empiezan a rellenar el predio y continúan desecando los manglares. Por eso nosotros hicimos un dictamen técnico para meter una denuncia ante Profepa por los delitos ambientales que ahí se cometen”.
—¿Por qué se ampararon contra este acto de gobierno?
—Es una planta de amoniaco que no debe estar ahí, porque no está permitido en principio y aparte porque mataría a la bahía. Es una bahía enorme y hay tres mil familias de pescadores que viven de ese ecosistema; esto termina afectando a una comunidad de aproximadamente 15 mil personas. Ellos argumentan que iban a crear tres mil empleos, pero la misma manifestación de impacto ambiental dice que van a ser únicamente 143 los nuevos puestos laborales por ser una planta totalmente automatizada… ¿Para qué construirla?
—¿Entonces quiénes salen beneficiados?
—Hay una serie de mentiras, de tropiezos, de atropellos a las leyes y a los procedimientos. Hay falsedad de documentos. Y hay un impulso muy fuerte por parte del gobernador del estado, Mario López Valdez, y por parte de Francisco Labastida hijo. Hoy los pescadores y todas las comunidades están preocupados por eso; están intranquilos. Pero están contentos porque el juez ya le ordenó al delegado en Profepa que sancione en definitiva la construcción por el relleno. Entonces, al sancionar en definitiva por el relleno, ya no van a poder construir la planta ahí.
—Profepa tiene 15 días para clausurar la obra, pero el gobernador López Valdez dice que impugnará judicialmente…
—Profepa debe sancionar como el juez le está indicando: el gobernador está jugando con una palabrería en la que quiere sacudirse el problema, pero no va a poder. Se puede sacudir la opinión de la gente, pero con la ley en la mano no. Si le sigue el rollo a los empresarios o a las personas del gobierno que están queriendo sacar esto adelante, pues corre el riesgo de ir a la cárcel.
La suspensión definitiva se otorgó el 29 de marzo de 2016, estableciendo que el proyecto ubicado en la carretera Mochis-Topolobampo kilómetro 19.5, parcelas 128, 130, 197, 198, 200, C, E y B, en el municipio de Ahome, Sinaloa, “debe ser clausurado para frenar el deterioro de las reservas naturales ubicadas dentro del predio del proyecto”.
Así, el gobernador López Valdez pretende revertir un mandato judicial en beneficio de unos cuantos empresarios.
No obstante, la afectación al ecosistema de Topolobambo, a la flora y fauna marina, así como a la forma de vida de los lugareños a través de la pesca, sería irreversible. El problema legal está en el aire.