1. El problema mundial de las drogas exige que la comunidad internacional refrende
el principio de responsabilidad común y compartida, mediante una cooperación internacional más intensa y efectiva.
2. Es necesario reforzar el frente común ante la delincuencia organizada transnacional, para cerrar espacios a sus operaciones financieras y delitos conexos.
3. Mayor coordinación y colaboración entre las propias agencias especializadas del sistema de la ONU para abordar todos los aspectos del problema mundial de las drogas.
4. Las políticas públicas y acciones derivadas de la política internacional sobre las drogas deben estar alineadas con los esfuerzos en favor del desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
5. Atender los daños sociales relacionados con el mercado ilícito de drogas. En las comunidades vulneradas por el crimen organizado se necesita una prevención integral de la violencia, de la exclusión y del debilitamiento del tejido social.
6. Se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los derechos humanos, ya que de esta manera se podrán ofrecer respuestas más integrales, equilibradas y promotoras del desarrollo, lo que implica modificar el enfoque eminentemente sancionador.
7. El consumo de drogas debe atenderse esencialmente como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de nuestros niños y jóvenes.
8. En los delitos relacionados con las drogas se deben privilegiar penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento, que incorporen también una perspectiva de género. Las sanciones desproporcionadas, lejos de resolver un problema, generan círculos viciosos de marginación y criminalidad.
9. Se deben sumar esfuerzos internacionales para prevenir el consumo de drogas, mediante una campaña orientada a niños y jóvenes a nivel global.
10. Asegurar la disponibilidad y un mejor acceso de las sustancias controladas para fines médicos y científicos, evitando, al mismo tiempo, su desviación, uso indebido y tráfico.