Una denuncia vigente ante la Procuraduría General de la República (PGR) demuestra la adquisición de un crédito millonario de recursos con la banca privada por parte del gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, que se ejercieron de manera irregular y en requerimientos no necesarios para la ciudadanía, mientras la inseguridad, secuestros, violencia, robos y extorsiones pesan sobre una de las peores administraciones de la entidad de manera reciente.
La indagatoria AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-X/066/2015, iniciada por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, fue interpuesta por la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), que denunció al gobernador por la presunta malversación de un crédito de dos mil 800 millones de pesos, otorgado al gobierno estatal por diversas instituciones de la banca privada y de desarrollo.
Mientras el juicio político —el cual fue promovido por la CMMC y se amparará por el resolutivo de los diputados—fue desechado en el Congreso de Morelos por las acusaciones en su contra debido a los presuntos desvíos en este crédito, la investigación por la malversación de este fondo millonario se encuentra aún en proceso de deliberación por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, revelan en exclusiva los denunciantes a Vértigo.
Entre las pruebas aportadas por la CMMC a la PGR hay documentos oficiales de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Morelos —organismo desaparecido por determinación del mandatario morelense—, así como oficios del gobierno del estado de Morelos que confirman que dicho empréstito no fue gastado tal como lo aprobó el Congreso estatal y como mandata la ley, lo que implica una violación flagrante a leyes federales y estatales.
Caso
El 15 de mayo de 2013 el Congreso de Morelos recibió la iniciativa de decreto para solicitar la autorización para que el gobierno estatal y los 33 municipios contrataran créditos con cargo de pago a las participaciones federales, así como para constituir o adherirse a un fideicomiso de administración para el pago de estos anticipos.
Con una votación dividida, los diputados locales autorizaron al gobierno de Graco Ramírez contratar un crédito por dos mil 800 millones de pesos, que tendrán que pagar los morelenses en los próximos 20 años.
Dicha acción de gobierno está considerada en el decreto 936 de fecha 10 de octubre de 2013, publicado en el periódico Tierra y Libertad —número 5,125—, que es el órgano de difusión oficial del gobierno de Morelos.
Ante la presión ciudadana y la falta de transparencia en el gasto de este crédito, el 10 de septiembre de 2014, con 27 votos a favor y tres en contra, el Congreso estatal determinó aplicar una auditoría especial al proceso de contratación, ejecución y comprobación del gasto, respecto de los créditos contratados como deuda pública por el gobierno del estado por un monto de cuatro mil 184 millones 933 mil 348 pesos: en esta cantidad se incluye el crédito con la banca privada y de desarrollo aprobado al gobierno de Graco Ramírez Abreu.
Con fecha 13 de octubre de 2014, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Poder Legislativo, diputado Arturo Arizmendi Santaolaya, recibió mediante oficio número ASF/2327/2014, en un escrito de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, el reporte preliminar respecto de la auditoría especial aprobada el 10 de septiembre del mismo año.
De ese reporte preliminar, entregado al Ministerio Público federal y en el que se basa la denuncia ante la PGR interpuesta por la CMMC, se desprenden pruebas y argumentos sobre la presunta comisión de delitos por parte del gobernador Ramírez Abreu, apareciendo como corresponsable el ex secretario de Gobierno, Jorge Vicente Messeguer Guillén.
El informe advierte también que los contratos de los créditos son nulos de todo derecho, ya que el gobierno de Graco Ramírez incumplió con el artículo 40 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, que dice: “Las entidades deberán remitir al Congreso del Estado, dentro de un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la celebración de cualquier crédito o empréstito, un informe escrito que refleje el monto, forma y términos de los mismos, incluyendo plazo, gracia, tasas de interés ordinaria y moratoria, así como información sobre la aplicación de los recursos correspondientes, acompañando copia de los documentos en los que consten los actos jurídicos, valores o títulos de crédito que las documenten”.
De estas pruebas y argumentos se desprende la principal acusación contra el gobierno encabezado por Ramírez.
Pero hay otros señalamientos que arroja el reporte preliminar de la auditoría especial. Por ejemplo: que el titular del Poder Ejecutivo utilizó el crédito para fines distintos para lo que fue autorizado, incluso pagando con ese empréstito deuda adquirida en 2008 y años subsecuentes, a pesar de que el decreto de aprobación del préstamo fue muy claro al señalar que era para financiar “inversión productiva”.
Pormenores
En entrevista exclusiva con este semanario, Gerardo Becerra Chávez Hita, vocero de la CMMC, expone los pormenores de la indagatoria que se sigue a Graco Ramírez. “La denuncia en la PGR se da por el asunto del crédito que le aprobaron al gobernador en 2013 por dos mil 800 millones de pesos, de los cuales 500 eran para una nueva sede del Poder Legislativo local y los otros dos mil 300 eran, en teoría, para un pacto hacendario en el cual se le iba a entregar una cantidad importante a los 33 municipios para poder incurrir sus necesidades tan tremendas que tenían de caja”, dice.
Agrega que “finalmente, el 23 de septiembre de ese mismo 2013 el gobernador manda un complemento de esta documentación donde dice que ya no son importantes los municipios. ¡Los deja fuera! Que era más importante hacer obra pública. Obra pública que además, déjame decirte, nunca justifica; y en dos días, el 25 de septiembre de 2013, el Congreso del estado le aprueba el crédito por los dos mil 800 millones de pesos, que adquiere a finales de ese año y a principios de 2014 con tres bancos: Banorte, 600 millones; HSBC, 800 millones; y mil 400 millones con Banobras. Todos estos contratos haciendo un total de dos mil 800 millones de pesos”, afirma Becerra.
Al transcurrir los meses de 2014, señala, “el propio Congreso se da cuenta de que hay mucha inquietud por parte de la ciudadanía porque no se veía que hubieran fluido los dos mil 800 millones de pesos, ya que hasta la fecha no ha construido la nueva sede del Poder Legislativo: ahí hay 500 millones de pesos que no se ejercieron. Pero tampoco los otros dos mil 300 millones no se ven en la economía: decrecimos en nuestro PIB en los años que Graco ha sido gobernador”.
—Entonces la investigación sobre esos recursos viene de más atrás a la denuncia de ustedes ante la PGR…
—Sí: el Congreso del estado, de manera atinada, ordenó a la Auditoría Superior de Fiscalización que hiciera una auditoría especial al crédito de los dos mil 800 millones de pesos. Y el anterior auditor, Luis Manuel González Velázquez, quien es un licenciado en Derecho, emite tres informes preliminares. Uno lo hace en el mes de septiembre de 2014 y los otros en enero y febrero de 2015. En esos tres informes preliminares, sobre todo en el último, el señor González Velázquez dice que hay desviaciones notables por más de mil 800 millones de pesos porque el gobernador y su gobierno gastaron dinero para pagar deuda pública del gobierno anterior; es decir, pagaron deuda pública de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012; tomaron dinero de este crédito para pagar sueldos y salarios del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos; tomaron dinero para construir un estadio que se llama Agustín Coruco Díaz; y tomaron dinero para presentar a artistas como Emmanuel, Mijares, Lilia Downs, Julieta Venegas y Plácido Domingo, entre otros. Entonces, estos tres informes preliminares son la fuente de la denuncia por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades que presentamos ante la PGR contra Graco Ramírez.
Gerardo Becerra revela que incluso pidieron un informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para rastrear cómo fue el movimiento de estos recursos. “A la par de la indagatoria de la PGR, una de las cosas que pedimos fue un informe a la CNBV para que se dieran a notar dos cosas: la primera que el dinero se debía haber abonado a cuentas específicas: HSBC abona a una cuenta, Banorte lo mismo y Banobras lo mismo. Pero el gobierno de Graco los sacó de esas cuentas y los depositó en cuentas concentradoras; es decir, revolvió el dinero de una cosa con otra, lo cual creemos que tuvo la finalidad de que no se diera seguimiento al dinero”, indica.
Y en segundo lugar, añade, se gastó el dinero en obras que no se licitaron. “Las obras que supuestamente hizo no las licitó: fueron asignaciones directas, como el caso del estadio Coruco Díaz, que asignó directamente a una empresa que se llama AyPP, de Armando Prida, y después de esto tuvo la desfachatez de pedirle a la secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo, que mantuviera oculta durante cuatro años toda la información de la construcción del Agustín Coruco Díaz”, expone.
Y destaca: “Toda esta información se la hemos venido dando a la PGR con la idea de que le pida esos informes al Congreso del estado, porque los informes preliminares se entregaron a la Comisión de Hacienda de aquella época, en la LII Legislatura, y están basados en los propios informes que el gobernador entregó, es decir, no estamos inventando nada. Lo que tratamos de decir es que el propio gobernador acepta que desvió el recurso y no aplicó lo que es la Ley de Obra Pública para licitar”.
Limpiar culpas
Luego de estos tres informes preliminares, a Luis Manuel González Velázquez en febrero de 2015 lo corrieron, lo quitaron de auditor y nombraron una nueva dependencia, denominada Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado, a cargo de Vicente Loredo Méndez, narra Becerra: “Fueron tres años para hacer las auditorías y ahora Loredo presenta una que va diametralmente opuesta a lo que dijo González Velázquez. En lugar de que fueran resarcitorias, que quiere decir que hay un delito, todas las fallas en el gasto del crédito y su contratación que señaló González Velázquez ahora resulta que Loredo Méndez lo único que hace es lavarle la cara al gobernador”.
—¿Qué significa esto para ustedes?
—En estos días, creo que esta semana, vamos a presentar un documento, una especie de peritaje de la auditoría que entregó Vicente Loredo, hecha por un auditor muy connotado aquí en Morelos, que se llama José Refugio López Lara. Entre otras cosas, fue director de la Facultad de Comercio y Administración de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El peritaje señala en forma muy clara que la auditoría de Loredo no es nueva: lo que utilizó fueron los mismos números que manejó González Velázquez, pero ahora maquillados y que evidentemente no cumplen con las normas, con el protocolo que tienen los auditores a nivel nacional e internacional. Dice, en pocas palabras, que esta auditoría de Vicente Loredo no sirve absolutamente para nada.
—¿Cómo va la denuncia ante la PGR?
—Hemos tenido varias citas con el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, José Guadalupe Medina Romero. La última reunión que tuvimos con él fue a manera de queja, porque el gobernador promovió tres amparos. Consideramos que el subprocurador cuenta ya con pruebas suficientes para que se vayan desahogando y en su momento tener una determinación de culpabilidad del gobernador y poder someterlo a la justicia federal. Pero claro, él no se aventó a decir qué hará, no quiero poner en boca del subprocurador lo que no dijo, sino que habrá que agotar todavía muchas otras pruebas aunque ante los ojos de lo que ellos ven… pues, bueno, hay pruebas indiscutibles de que efectivamente sí ha habido desvíos importantes de este servidor público.
Para el vocero de la CMMC el problema de Morelos se está convirtiendo en un foco rojo: “En estos tres meses llevamos 120 homicidios y estamos hablando de más de 45 secuestros. En lo que va del gobierno de Graco Ramírez ya rebasamos la cifra de mil 400 homicidios y de mil secuestros. Entonces, lo que te puedo decir es que a Graco le importa muy poco el estado de Morelos, tal vez sea porque no es de aquí. Él llegó en 1994 o 1995 y de ahí en fuera no hay nada que lo una a Morelos. Es un individuo que yo creo que le interesa muy poco el estado”, dice.
Ofrece además la opinión de la CMMC sobre el proceso legislativo que desechó el juicio político en contra de Graco Ramírez precisamente por la denuncia de desvíos ante la PGR, el pasado 11 de abril: “Lo que acabamos de ver es que el Congreso del estado lo exonera del juicio político con base en una bola de argucias ilegales. Nos vamos a amparar en unos días más, mientras él sigue en esa locura de buscar la candidatura a la Presidencia de la República yo no sé por cuál partido. Finalmente, esa es la opinión que tenemos como Coordinadora. Y creo que no estoy muy alejado de lo que toda la gente piensa en el estado de Morelos”.