Diputados y senadores se manifiestan dispuestos a convocar a un periodo extraordinario para abordar las leyes anticorrupción, Mando Único y la iniciativa para fines terapéuticos y posesión de marihuana enviada por el Ejecutivo federal.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, afirmó que durante el segundo periodo ordinario de la LXIII Legislatura su partido privilegió la construcción de consensos en la discusión y aprobación de leyes y reformas.
Al fijar el posicionamiento de su bancada en el pleno cameral acerca de la labor legislativa, Camacho recalcó que hay resultados y un evidente triunfo de la política, por lo que instó a “destacar lo mucho y muy bueno que hemos logrado entre todos”.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del recinto de San Lázaro hizo un refrendo de voluntad y disposición para hacer mucha política: aseveró que son respetuosos con la oposición, por lo que son bienvenidas las posturas diferentes “en tanto sean bienintencionadas y nunca cancelen la posibilidad de construir acuerdos”.
Orador final en la clausura de los trabajos del periodo ordinario de sesiones, el líder priista reconoció que hay pendientes para la aprobación de reformas que, aseguró, “vamos a atender con sentido de responsabilidad y con toda oportunidad”.
Construir consensos
En la última sesión del pleno en este periodo ordinario, César Camacho recordó que desde hace casi 20 años en la Cámara de Diputados no hay mayorías, por lo que los acuerdos con- seguidos son resultados de la avenencia y la capacidad para construir consensos.
No obstante esa situación, resaltó que en ninguna votación el PRI hizo valer esa mayo- ría plural, porque se privilegió la construcción de consensos, y recordó que como en cualquier Congreso del mundo la mayoría reivindica su fuerza y “esta no será la excepción cuando se requiera, porque no solo es legal sino que es legítima; y si alguien quiere tener más votos en el pleno, que consiga más votos con los ciudadanos”.
El coordinador del tricolor pidió ser ponderados en lo hecho y no echar las campanas al vuelo, al recordar que el PRI fijó una agenda legislativa al inicio del periodo. El tema de seguridad y justicia para la paz fue el primero de los rubros “y justamente ayer modificamos diez ordenamientos jurídicos, más de 230 artículos, para que haya concordancia entre el entramado jurídico con la reforma constitucional al sistema de justicia adversarial acusatorio y oral, que el 18 de junio debe entrar en vigor a cabalidad en todo el país”.
Agregó que el segundo de los rubros fue la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción para generar confianza; y si bien no fueron los únicos, los priistas impulsaron de mane- ra vigorosa la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Estamos conscientes de que ciudadanos mejor informados son ciudadanos empoderados. Las enmiendas realizadas aquí tan fueron aceptadas por el Senado, que en solo un día la minuta se aprobó”, aseveró.
Consolidación democrática
César Camacho dijo que el tema del crecimiento económico para la prosperidad fue el tercero de los rubros de su agenda legislativa y aprobaron la Ley de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico y reducir la desigualdad en muchos estados del sur-sudeste del país, así como iniciativas de desarrollo sustentable y reformas a la Ley General de Cambio Climático, lo que acredita que están cumpliendo lo que se fijaron.
Al mismo tiempo reiteró que un México incluyente, próspero, con educación de calidad, con responsabilidad global y con paz son los ejes de la política pública del presidente Enrique Peña Nieto: “Van a seguir teniendo eco en nosotros no solo como caja de resonancia sino como impulsores convencidos, porque esto es bueno para la nación”.
Y si bien admitió que hay pendientes, propuso completar el sistema anticorrupción
sin perder de vista la integralidad del mismo, por lo que hizo votos por que el Senado haga la propio cuanto antes respecto de esa ley, como lo hizo pre- viamente la Cámara de Diputados, así como el mando mixto coordinado y el paquete de justicia cotidiana que envió el jefe del Ejecutivo federal hace unos días.
“Aquí seguiremos con- tribuyendo a la estabilidad política del país, a la con- solidación del sistema de- mocrático”, recalcó.
Anunció de manera categórica que “por supuesto habrá periodo extraordinario de sesiones cuanto antes, porque tenemos muchas cosas que dictaminar”.
Invitó a los otros partidos a ser más eficaces y revertir la impresión que algún sector de la opinión tiene acerca del desempeño de diputadas y diputados: “Es legítima la búsqueda de la ganancia partidaria, pero por encima de ello será profundamente satisfactorio servirle al país”.
Prioridades
Durante el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión se aprobaron nuevas leyes, reformas y normas reglamentarias en temas funda- mentales para el país en materia social, fiscal, económica y justicia penal.
La importancia de los temas a legislar por los diputados y senadores en los casi 100 días de trabajo legislativo quedó de manifiesto desde un inicio, cuando los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados y el Sena- do de la República presentaron cada uno por su parte una amplia agenda de temas.
Para dar mayor agilidad al quehacer legislativo los líderes de las principales fracciones acordaron dar prioridad a las iniciativas en materia de combate a la corrupción, Mando Único policiaco y salario digno, a los que se sumó casi al final del periodo ordinario la propuesta de iniciativa del presidente Peña Nieto en materia de marihuana para usos medicinales y de posesión.
Las intensas negociaciones que mantuvieron los líderes de las bancadas del PRI, PAN, PRD y PVEM en la última etapa del periodo ordinario —que terminó el sábado 30 de abril— para sacar adelante y aprobar las leyes anticorrupción, al final no fructificaron, por lo que los senadores clausuraron el periodo en la madrugada del viernes 29 con el ánimo y la disposición de convocar a un periodo extraordinario después de las elecciones del 5 de junio.
Impulsar crecimiento
Entre las iniciativas aprobadas por los diputados y senadores se encuentra la expedición de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), que tiene como objetivo regular la planeación, el establecimiento y la operación de estas zonas para impulsar el crecimiento económico sostenible de los estados del país con mayor rezago económico y social.
La nueva norma propuesta por el presidente tiene como prioridad reducir la pobreza, permitir la provisión de servicios básicos y expandir las oportunidades para una vida saludable y productiva en las regiones del territorio nacional más atrasados en desarrollo social en el sur y sudeste del país, en particular Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán.
Se busca el fomento de inversión, productividad, competitividad, empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.
Esas zonas serán consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional y el Estado promoverá las condiciones e incentivos para que, con la participación del sector privado y social, se contribuya al desarrollo económico de las regiones en las que se ubiquen, a través de una política industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales.
Las personas físicas o morales que operen en las ZEE como administradores integrales o inversionistas podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva.
Los beneficios e incentivos que se otorguen deberán fomentar la generación de empleos permanentes, el ascenso industrial, el crecimiento de la productividad del trabajo e inversiones productivas que impulsen el desarrollo económico de la zona y su área de influencia.
Disciplina financiera
A principios del periodo ordinario la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios —después avalado por los senadores—, que tiene como objetivo establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria que rijan a los estados y ayuntamientos, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.
Entre otras medidas prevé que los estados incluyan en sus Presupuestos de Egresos reservas por un monto de al menos 10% de la aportación realizada por el estado a la re- construcción de su infraestructura dañada durante los últimos cinco años, para atender contingencias por desastres naturales o causas fortuitas, así como para llevar acciones para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas públicas.
Además prohíbe a los entes públicos con- traer directa o indirectamente financiamientos u obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera de territorio nacional.
La nueva norma también establece que solo podrán contraer obligaciones o financia- miento cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas.
Y condiciona el otorgamiento de deuda a los estados y municipios a que se encuentren al corriente en sus obligaciones, además de que se podrá elevar 15% el techo de financiamiento neto a las entidades que tengan finanzas sanas.
Al promulgar la ley, el presidente Peña Nieto resaltó que con este nuevo ordenamiento el país reafirma su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de sus haciendas públicas y destacó que tiene el objetivo de reducir el costo de financiamiento a los gobiernos locales responsables y moderar el endeudamiento, al fomentar la disciplina financiera de estados y municipios.
Los diputados federales aprobaron reformas al Código de Justicia Militar a fin de adecuarlo al Sistema Penal Acusatorio y para expedir un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales
Con estos cambios al Código de Justicia Militar se suprimen los Consejos de Guerra y se crean los juzgados militares de control y tribunales militares de juicio oral, que entre otras funciones garantizarán los derechos humanos de las víctimas.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia Militar se transforma en Fiscalía General
de Justicia Militar y encabezará la institución del Ministerio Público responsable de la investigación y persecución de los probables hechos constitutivos de delito en cuanto a la competencia de los tribunales militares.
Con la extinción de la Procuraduría Militar se suprime la función de ejer- cer como consejero jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A su vez, el Cuerpo de Defensores de Oficio se transforma en Defensoría de Oficio Militar para garantizar la obligación del Estado de proporcionar una defensa técnica de calidad a los imputa- dos por delitos de la competencia del fuero militar.
Se establece además que el proceso penal, en la jurisdicción militar, será acusatorio y oral, en cuyos trabajos se observarán los principios de publicidad contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Derechos a víctimas
En este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se legislaron otras iniciativas importantes como la modificación en el artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de derechos de las víctimas del delito, por lo que podrá modificar dicha ley o expedir una nueva.
Esta facultad legislativa permitirá homologar las previsiones de la atención de los tres órdenes de gobierno a las víctimas y los ofendidos por la comisión de un ilícito penal, así como precisar la actuación de dichos órdenes de acuerdo a sus diferentes ámbitos de competencia.
El Senado también aprobó la iniciativa del Ejecutivo federal para flexibilizar el calendario y la jornada escolares, que podrán tener un rango de 185 a 200 días de clases efectivos.
Reestructuración penitenciaria
También se aprobó el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene por objetivo establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de la comisión de un delito del fuero federal o común.
Se reestructurará el sistema penitenciario con base en la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.
Una ventaja de la nueva norma es que podrán acceder, de manera inmediata, al beneficio de libertad anticipada todas las personas que hayan sido sentenciadas con penas privativas de la libertad por la “posesión, sin fines de comercio o suministro, de cannabis sativa, indica o marihuana, previsto en el artículo 477 de la Ley General de Salud, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia, ni la concurrencia de más delitos”.
La nueva ley establece asimismo que podrán acceder al beneficio de libertad anticipada todas las personas que hayan sido sentenciadas con penas privativas de la libertad por la comisión del delito de robo, cuyo valor de lo robado no exceda de 80 salarios mínimos y cuando no haya mediado ningún tipo de violencia.
Contra la tortura
Se aprobó además la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que busca establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar el delito de tortura.
Establece que el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial, además de que el ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para este ilícito son imprescriptibles.
Precisa que no constituyen causas de exclusión del delito de tortura la obediencia a órdenes o instrucciones de un superior jerárquico que dispongan, autoricen o alienten su comisión. Y señala que las órdenes de los superiores para cometer esta práctica son ilícitas, por lo que los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas.
Justicia para jóvenes
De igual manera, los legisladores dieron luz verde a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual es aplicable en todo el país a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y que tengan entre doce años cumplidos y menos de 18 años.
La nueva norma aportará un sistema integral de justicia que garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, tanto como
los derechos específicos que les son reconocidos a los menores. Además se establece que la actuación de las instituciones, tribunales y autoridades en- cargadas de la aplicación del sistema penal para niñas, niños y adolescentes debe orientarse a proteger el interés superior del menor y propone opciones de vida a este grupo poblacional, que le permitirán desarrollar todas sus capacidades y potencialidades de una manera positiva para así lograr una verdadera reinserción social.
Transparencia y acceso a la información
El Congreso aprobó una reforma para abrogar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y expedir la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta ley garantiza el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Establece los mecanismos necesarios, en el ámbito federal, para garantizar de forma efectiva los objetivos de las disposiciones constitucionales y generales. Plantea también que toda información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, o bien confidencial.
Determina que no podrá clasificar- se como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción; además, a ninguna persona se le podrá restringir el derecho de acceso a la información por vías o medios directos o indirectos.
Amplía las obligaciones de los sujetos obligados en el ámbito federal y establece que deberán poner a disposición de la ciudadanía toda la información que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y deberá mantenerla actualizada en sus respectivos medios electrónicos.
Designaciones y ratificaciones
En el periodo ordinario los senadores aprobaron varios nombramientos propuestos por el titular del Ejecutivo federal, entre otros la ratificación del nombramiento de Carlos Manuel Sada Solano como embajador de México en Estados Unidos y doce cónsules en ese país.
De igual manera se ratificó a Enrique Martínez y Martínez como embajador de México en Cuba y a Guillermo Valls como magistrado del Tribunal Fiscal por un periodo de 15 años, como parte de un gran número de ratificaciones de diplomáticos mexicanos en América Latina y en varias regiones del mundo.
Coordinadores
Los líderes de las fracciones parlamentarias del pri, pan y prd en la Cámara de Diputados y el Senado de la República realizaron a lo largo de los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la lxiii Legislatura una permanente labor de negociación que permitió aprobar iniciativas, leyes y reformas legislativas trascendentes.
Como parte de los acuerdos y negociaciones, los coordinadores en la Cámara de Diputados de las principales fuerzas políticas: César Camacho Quiroz (PRI), Marko Cortés (PAN) y Francisco Martínez (PRD) acordaron una agenda mínima para agilizar el proceso legislativo en la cámara baja.
En el Senado los coordinadores del PRI, Emilio Gamboa; del pan, Fernando Herrera Ávila, y del PRD, Miguel Barbosa, procedieron de forma similar a la cámara baja para agilizar el procesamiento de las minutas enviadas por los diputados federales, lo que permitió dar fluidez a una gran número de iniciativas que fueron aprobadas antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones.
Al cierre del periodo ordinario de sesiones los líderes en el Senado manifestaron su compromiso de llevar a un periodo extraordinario los temas importantes que se quedaron sin debatir y votarlos en el pleno senatorial.