Con el objetivo de reducir la contaminación y propiciar un entorno favorable para los habitantes de la Ciudad de México y el medio ambiente, Iván Texta Solís, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso otorgar estímulos fiscales, financieros y administrativos a las personas físicas y morales que privilegien el uso de energías alternativas y limpias en la capital del país.
En la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Medio Ambiente presentada por el legislador ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se indica que dichos estímulos también se otorgarán a la investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que reduzcan o controlen la contaminación o el deterioro ambiental.
La propuesta de Texta Solís establece que quienes promuevan y realicen un uso eficiente de los recursos naturales; participen en la reducción de residuos sólidos urbanos y consumo de agua o de energía e incorporen sistemas de ahorro de ambas recibirán tales beneficios, así como las personas físicas o morales que utilicen vehículos motorizados con tecnologías sustentables.
Para ello, indica la iniciativa, la Secretaría de Movilidad incentivará el uso y desarrollo de tecnologías relacionadas con energías alternativas y limpias, en tanto que la administración pública pondrá en marcha un programa para otorgar estímulos y facilidades a los propietarios de esos vehículos.
En la propuesta del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México se otorga a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) la facultad de celebrar acuerdos y convenios para el establecimiento de programas que permitan el ahorro de energía y su utilización eficiente, así como para el desarrollo de fuentes de energía, incluidas las renovables.
Asimismo, se instaura la obligación de las diversas entidades del Gobierno de la Ciudad de México para que, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, instalen algún tipo de tecnología solar.
En la iniciativa del asambleísta se propone obligar a la administración local a diseñar e implementar políticas, programas y acciones para procurar que los componentes del sistema de movilidad de la ciudad cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función y producir el menor daño ambiental. En el caso de la Ley de Desarrollo Urbano, se sugiere una planeación que considere la instalación de sistemas de ahorro y aprovechamiento de energías renovables; es decir, aquellas que provienen de recursos naturales que no se agotan y a los que se puede recurrir de manera permanente porque su impacto ambiental es nulo y contribuiría a reducir los efectos del cambio climático.