El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, destacó la necesidad de emprender acciones específicas para atender el tema de los desplazamientos forzados en el país.
Durante la presentación del primer informe especial sobre este fenómeno, planteó crear una ley general en la materia que establezca el marco jurídico base para la distribución y determinación de la concurrencia de atribuciones y obligaciones de las autoridades al respecto.
Además, el ombudsman nacional consideró imperativo levantar un censo nacional sobre el tema, debido a que por las características propias del fenómeno no existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno.
González Pérez dio a conocer que el organismo público autónomo cuenta ya con una propuesta de protocolo de atención a las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, que en breve será presentada para que sea tomada en cuenta por las autoridades correspondientes.
La violencia, la inseguridad, la impunidad y la debilidad del Estado de Derecho mexicano han propiciado que la gente abandone sus lugares de origen o de residencia, señaló.
En el informe de la CNDH se dio a conocer que en 2016 se visualizan 35 mil 433 víctimas de desplazamiento forzado interno.
Según el ombudsman nacional, este fenómeno ocurre en 27 entidades federativas, principalmente en Chiapas Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco, donde la principal causa es la violencia y la inseguridad