La diputada Araceli Guerrero Esquivel (PRI) impulsó una iniciativa que plantea imponer de diez a 20 años de prisión y hasta mil días multa a médicos que cometan el delito de esterilización forzada de niñas, adolescentes y mujeres con algún tipo de discapacidad. La integrante de la Comisión Derechos de la Niñez detalló, además, que se cancelará la licencia para ejercer la profesión a quienes la realicen.
En caso de que este delito se practique en una clínica, hospital o casa hogar particular, a los responsables de estos centros se les cancelará el permiso o licencia para la realización de sus actividades.
La iniciativa, suscrita también por la priista Edith Anaya Mota, prevé reformar los artículos 175 Bis de la Ley General de Salud, y el 199 Sexto del Código Penal Federal, a fin de erradicar esta práctica, ya que viola gravemente el derecho a la integridad física de las mujeres con discapacidad, y produce consecuencias adversas en su salud mental durante toda la vida.
Anaya Mota subrayó que, de acuerdo con la investigación desarrollada por Disability Rights International (DRI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), las personas con discapacidad son víctimas de práctica de lobotomías (psicocirugía) sin consentimiento; además, algunas son internadas de por vida en instituciones a puertas cerradas en condiciones inmundas e inhumanas.
Guerrero Esquivel por su parte sostuvo que de acuerdo con el censo poblacional del año 2010, existen cinco millones 739 mil 270 personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales el 51.1% son mujeres. Por ello, la legisladora consideró necesario que dentro de la Ley General de Salud se estipule que la secretaría federal en la materia diseñe programas de prevención en todos los hospitales y clínicas del sector salud, con la finalidad de evitar esterilizaciones forzadas o provocadas a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad.
“Las mujeres con discapacidad experimentan múltiples desventajas, siendo objeto de exclusión debido a su género y discapacidad”, reconoció la diputada.
Indicó que los esfuerzos impulsados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como distintas organizaciones de la sociedad civil, no han sido suficientes para cerrar las brechas de exclusión, desigualdad y maltrato, por lo que se deben crear instrumentos legales que protejan, prevengan y sancionen cualquier intento de violación a los derechos de las personas con discapacidad.
Araceli Guerrero recordó que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2014 recomendó al gobierno mexicano dar inicio a una investigación administrativa y penal a autoridades e instituciones involucradas en la ejecución de esterilizaciones forzadas a este sector, así como garantizar el acceso a la justicia y reparar los daños a las víctimas.
Agregó que de acuerdo con afirmaciones de Ana Peláez, especialista e integrante del grupo de expertos del Comité Encargado de Evaluar a México, en muchos casos las mujeres con discapacidad son esterilizadas para ocultar situaciones de incesto. Finalmente, la diputada señaló que con la modificación a los ordenamientos jurídicos se lograría favorecer el acceso a la justicia y reparación de daños a víctimas de violaciones a los derechos de las personas con discapacidad y cumplir con los convenios y tratados signados en la materia.