Autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral federal (TEPJF) y la Fepade, así como organizaciones civiles, presentaron el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres.
Con este mecanismo se busca frenar el impedimento de la participación, el acceso a los cargos públicos y el ejercicio de los derechos políticos y electorales de ese sector, con miras a sancionar y eventualmente reparar el daño a las víctimas.
La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa planteó que esa práctica abarca todas aquellas acciones y omisiones que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político electorales tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público de las mujeres.
Destacó la importancia de que se materialice el protocolo pero, sobre todo, de que se conozca y difunda su contenido, puesto que actualmente las mujeres no denuncian porque no se sabe qué es la ley, sus alcances y la forma de sancionarla.
Se hizo hincapié que el protocolo tiene una parte conceptual que permite definir y entender a autoridades, mujeres, integrantes de las organizaciones sociales, de la estructura desconcentrada, autoridades locales, organismos públicos locales, de los tribunales y medios de comunicación social, entre otros, de qué se trata esa práctica.