En la ya prolongada situación que vive el país en materia de inseguridad pública se ha ido instalando una visible animadversión para escuchar o atender un punto de vista que sea diferente, matice o vaya en contra de nuestros argumentos. La polarización, en muy buena medida consecuencia directa de la falta de una efectiva, articulada y consistente estrategia por parte del gobierno federal y de las autoridades locales, ha fomentado el surgimiento de expresiones mediáticas y de organizaciones tan alejadas de la búsqueda de la justicia como próximas al beneficio del protagonismo y/o el acceso a los recursos públicos.
Así sucede con los hechos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México: en una acción contra una banda del crimen organizado fueron atacados soldados del Ejército, que repelieron el ataque y resultaron 22 muertos, todos con pruebas de haber utilizado armas de fuego, quedando tres personas como testigos, las cuales al principio dijeron estar secuestradas.
Solo una de ellas, madre de una de las víctimas, se ha inconformado cambiando hasta tres veces su declaración ante el Ministerio Público.
Todos estos hechos, sin excepción, son del conocimiento público.
Polarización
La liberación de los últimos tres soldados sujetos a proceso, debido a la falta de pruebas, ha generado, como era de esperar, una desproporcionada reacción respecto de lo que al menos se consideran violaciones a los derechos humanos. Pero justo en estos momentos de aparente polarización es que debe darse paso al análisis argumentado, documentado, y cerrar en lo posible las puertas al insano protagonismo de organizaciones y medios, que eso sí, poco contribuyen a la estabilización y construcción de opciones para el país.
Estimado lector, le invito a que lea algunas de esas manifestaciones: no hay una sola crítica o señalamiento o mención respecto de la comprobada actividad delictiva de la banda que se encontraba en la bodega del poblado de Los Limones en Tlatlaya.
Muchos han sido los reportajes que han dado testimonio de habitantes que eran azolados por la banda que atacó en la madrugada de aquel día a la patrulla del Ejército. ¿Con qué propósito salen a las carreteras y calles los militares y marinos mexicanos? Pues con el de defender a la patria, a la población y a las instituciones.
No creo que haya un solo delincuente en todo el país que salga con esos ánimos a agredir de la forma que sea a quien se le atreviese en el camino. Si no, no serían delincuentes. Es una obviedad, pero debemos tenerla en cuenta.
Esto de ninguna manera significa que los criminales queden privados de sus derechos y sean sancionados hasta que haya concluido el proceso de investigación correspondiente y se dictamine su inocencia o culpabilidad.
Por eso llama la atención, para muy mal, que mucho antes de finalizar el proceso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas haya entregado entre mayo y diciembre de 2015 poco más de 22 millones de pesos a 37 familiares de los delincuentes que cayeron enfrentándose al Ejército. El monto más alto fue de cinco millones 655 mil pesos para siete integrantes de una sola familia. Me pregunto: ¿a cuánto asciende la pensión de la viuda de un soldado, de un marino, de un policía municipal que entregaron su vida defendiendo al país, dando ejemplo a su familia de entrega absoluta a las causas de la nación? Según datos publicados en la prensa nacional, lo entregado representa 45% del presupuesto de la misma Comisión desde 2013.
Sobre el resultado de la liberación de los soldados, generalizar que las Fuerzas Armadas violan los derechos humanos y que actúan con impunidad es tan irresponsable como señalar que todas las organizaciones de derechos humanos defienden a criminales y están pagadas por ellos.
Esa polarización nos aleja del camino para encontrar soluciones de fondo a lo que le sucede al país en esa sensible y delicada materia. ¿Y si en verdad no hay pruebas que inculpen a los militares en Tlatlaya? Mejor peritajes, en vez de consignas.