Es urgente crear un Plan Nacional de Búsqueda de todas las Personas Desaparecidas integrado por criminalistas, jueces, fiscales, policías municipales, estatales y federales, así como organizaciones sociales, ante la inercia burocrática en las oficinas de seguridad pública y procuración de justicia que arrojan como resultado una impunidad casi total.
Lo anterior lo propusieron los diputados Juan Romero y Araceli Damián (Morena) en un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente y en el que destacaron la necesidad de diseñar y establecer una estrategia integral, interinstitucional y multidisciplinaria, por el incremento de este delito en todo el país.
El objetivo es buscar a personas desaparecidas y encontrarlas con vida; de no lograrse, identificar sus restos y entregarlos de forma digna a sus familiares, para que realicen su proceso de duelo según sus costumbres y creencias.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las encuestas sobre las víctimas muestran que la cifra negra en México “es alta y va en aumento”.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) revela que la cifra negra ascendió a 92% en 2010 y en 2012 reportó que sólo 12.2% de los delitos fueron denunciados, y de estos 64.7% dio origen a una averiguación previa.
La exposición de motivos precisa que la Procuraduría General de la República (PGR) reportó entre 1999 y 2012, un total de dos millones 101 mil 660 denuncias por diversos delitos a nivel federal, y un millón 431 mil 342 averiguaciones previas iniciadas a propósito de dichos ilícitos.
Refiere que en diversos estados las agencias del Ministerio Público son insuficientes, su tasa de efectividad es muy baja y en promedio sólo resuelven alrededor de 13 por ciento de las averiguaciones previas que se abren.
A nivel estatal, un sinnúmero de delitos no se denuncian porque las víctimas prefieren cargar con su agravio antes de exponerse a ser doblemente victimizadas por las autoridades, además de considerar que tienen pocas probabilidades de que se resuelvan sus casos de manera favorable, señala el estudio denominado Seguridad y justicia penal en los estados.
El documento, remitido a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Permanente, propone priorizar que los familiares de las víctimas y sus representantes tienen derecho a conocer, acceder y actuar en todas las fases del proceso penal y del mecanismo de búsqueda, de conformidad con lo establecido en la Constitución y el derecho internacional.
El punto de acuerdo subraya que las estadísticas reflejan problemas endémicos del sistema de procuración de justicia, cuyo resultado es la impunidad casi total, lo cual ha impedido paliar el problema de la desaparición de personas, en particular en la modalidad de desaparición forzada, generando rezago frente al incremento de la violencia y la delincuencia en los últimos años.