Feminicidio: violencia de género que persiste

Es grave en Centro y Sudamérica: nueve de las doce naciones que registran los niveles más altos de este delito se encuentran en esa región

Ángel Hernández
Política
Contra el feminicidio
Foto: Cuarto Oscuro

El feminicidio, forma extrema de la violencia contra las mujeres, se ha extendido en el mundo pese a los avances logrados para frenarlo, que incluyen la aprobación de leyes que castigan ese delito, la aplicación de penas más severas para los responsables, así como la creación de albergues o de observatorios de protección a la mujer, entre las principales medidas adoptadas.

La agresión contra las mujeres es particularmente grave en Centro y Sudamérica: de acuerdo con organismos internacionales que investigan este fenómeno, nueve de las doce naciones que registran los niveles más altos de feminicidios se cometen en esta zona.

En México, como sucede a nivel internacional, estos crímenes tienen su origen en un patrón cultural y en menor medida se derivan de la violencia social generada por la criminalidad, concluyen investigadores, organismos sociales e instituciones públicas del país.

La gravedad del feminicidio, que provoca más de 66 mil muertes de mujeres al año —17% de los asesinatos que se cometen a nivel global—, genera una creciente preocupación y un intenso debate sobre fórmulas y herramientas para enfrentar de mejor manera las agresiones y crímenes contra mujeres.

Violencia extrema

Para investigadores del tema, como Carmen Antony, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, es difícil conocer la situación de este delito en la región debido a lo incompleto de las estadísticas, que se encuentran desactualizadas, no coinciden en su número o son contradictorias.

Antony refiere que 15 países de la región han penalizado este delito como una forma extrema de violencia contra la mujer, aunque con diversos tratamientos y denominaciones, así como normas restrictivas o amplias.

La especialista reconoce que pese a la grave situación que prevalece en Centro y Sudamérica se han logrado avances como la promulgación de leyes contra la violencia intrafamiliar, donde se han establecido medidas de protección, aunque admite que no en todos los casos han sido eficaces.

“Hay que tener más creatividad para desarrollar mayores medidas de protección, porque las que existen no están siendo eficaces: en Panamá el delito de violencia familiar está antes que el robo, por ejemplo”, resalta.

Mecanismos diferentes

La experta en feminicidio refiere que hay dificultades para atacar este delito, ya que si bien es cierto que se han aprobado leyes que lo castigan, su reglamentación lleva un largo proceso.

Pone como ejemplo a Panamá, su país, donde el Congreso aprobó hace dos años una ley de feminicidio y todavía se está discutiendo el reglamento respectivo, que permitiría una mayor efectividad contra ese delito.

Carmen Antony destaca que igual ocurre con los protocolos creados para actuar en este tipo de crímenes, ya que no se aplican de manera uniforme y cada país cuenta con mecanismos de actuación para policías, ministerios públicos y en general para los aplicadores de la justicia.

“Hay un protocolo universal para América Latina que cuenta con el consenso de todos los Estados de la región, pero no se aplica de manera general pese a que es muy importante, porque es uniforme y se puede utilizar indistintamente en cualquier país”, recuerda.

Otro aspecto que critica la experta panameña es el hecho de que en los sistemas acusatorios de justicia se recurre a la mediación o la conciliación en casos de feminicidio, lo que en su opinión no procede por su gravedad, por lo que se ha logrado sacar ese mecanismo de solución de varias legislaciones de países de la zona.

Destaca que persiste la discriminación en el trato hacia las mujeres, sobre todo a las indígenas, afrodescendientes, pobres, discapacitadas, con orientación sexual diferente o privadas de la libertad, quienes sufren más la discriminación propia del género.

Reducir la impunidad

Diversos estudios acerca de los feminicidios en Latinoamérica demuestran que más de 90% de estos crímenes se comete en el contexto de la violencia familiar.

Por su parte, la Campaña del Secretariado General de la ONU denominada Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres en Latinoamérica establece que la mitad de todas las mujeres asesinadas en el área lo son a manos de su pareja actual o anterior.

En su informe el organismo internacional asevera que con la aprobación de leyes contra el feminicidio los países se proponen desarrollar una política criminal con perspectiva de género que fortalezca las estrategias de persecución y sanción de los responsables de los hechos de violencia contra las mujeres.

Agrega que también tiene la finalidad de garantizar la reparación y compensación de las víctimas, por lo que el objetivo es reducir la impunidad de manera que la justicia penal cumpla con su función de prevención especial y general de la criminalidad.

Denuncias y leyes, insuficientes

La subdirectora general de Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, Mariana Caraballo, expone a su vez que existen “feminicidios invisibles”, que no alcanzan repercusión pero que son la punta del iceberg de la violencia de género instalada en la convivencia cotidiana.

En las investigaciones realizadas en su país, explica, hacer del conocimiento de las autoridades las agresiones o que haya leyes que castiguen ese delito no basta para erradicar la violencia contra las mujeres.

Caraballo resalta la importancia de que toda la estructura estatal se comprometa a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia de género.

Y asevera que la protección de la vida de las mujeres es fundamental al evaluar la diligencia de los Estados de los actos de violencia, ya que “el feminicidio es a menudo consecuencia de la falla de debida diligencia en la actuación de los gobiernos”.

La investigadora argentina coincide con otros expertos en señalar que la creación de una norma penal que tipifique el feminicidio por sí sola no significa un cambio cultural y más bien contribuye a visibilizar una situación de violencia con características muy especiales, que deberían acarrear la instalación de políticas de prevención, protección y de un cambio sustancial en el acceso a la justicia.

Caraballo hace ver además que las diferentes reformas legislativas y el Estado tienen la obligación ineludible de tender hacia la erradicación de patrones discriminatorios que originan y sustenten la agresión contra las mujeres.

Asimismo, subraya que para dar una apropiada atención a estos crímenes cada Estado debe evaluar cuál es la forma prevalente de comisión de estos homicidios, las circunstancias en que se cometen y los factores de riesgo, aspectos que solo un estudio criminológico de campo permite establecer.

“Un Estado que no cuente con los datos suficientes sobre las características de los feminicidios, difícilmente puede cumplir con la prevención de esta forma extrema de violencia contra las mujeres”, advierte.

Fenómeno estructural

En México, de acuerdo con el INEGI, en cuanto a homicidios de mujeres se tiene una tendencia de dos a tres asesinatos por cada 100 mil mujeres, con un importante incremento entre 2008 y 2012.

El organismo refiere que de acuerdo con la información de los últimos 15 años se aprecia que los crímenes contra mujeres están menos sujetos a los cambios de contexto o coyunturales e indican que se trata más de “un fenómeno estructural, mismo que sin duda se ve afectado por las coyunturas, pero no lo determina”.

Es decir, explica el estudio, que los asesinatos de mujeres derivan más de un patrón cultural y menos de los cambios de la violencia social que provoca la actuación del crimen organizado.

Así, para expertos de feminicidio de países latinoamericanos los homicidios y las agresiones contra mujeres son un problema que requiere de mayores esfuerzos y acciones para disminuir y castigar esos crímenes, por lo que exhortan a los gobiernos a reforzar las leyes y mecanismos de protección, además de fomentar una cultura de respeto de los derechos de las mujeres al interior de sus sociedades.