A juzgar por las declaraciones de los dirigentes partidistas y los candidatos, así como por lo que exponen analistas políticos, las elecciones locales de este año se “judicializarán”, es decir, existe la posibilidad de que varios resultados sean impugnados.
De ser así, los magistrados de los tribunales locales o incluso los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán quienes resuelvan sobre algunos o varios de los triunfos de los comicios de este 5 de junio.
Sin duda las doce elecciones constitucionales para gobernador serán las que más llamen la atención en caso de que sus resultados sean impugnados por los candidatos que resulten perdedores; más aun cuando todos saben que existen tres antecedentes de comicios para gobernador anulados: Tabasco en 2000, Colima en 2003 y de nuevo Colima en 2015.
Para el TEPJF “la nulidad de una elección es un asunto sumamente delicado; por un lado representa una de las sanciones más severas que puede imponer la autoridad a quien comete irregularidades graves, a fin de asegurar la legalidad de la competencia política y la legitimidad de los resultados; pero, por otra parte, implica un dilema moral sobre la voluntad de los votantes que, con irregularidades o no, participan en un proceso en el que esperan que su voto cuente”.
Veamos qué argumentos han presentado los denunciantes; cuáles fueron las causas de la anulación que expusieron los magistrados en dichos casos y qué pasó después.
Y algo más que es útil conocer para los días que vienen es: ¿cuál es el camino jurídico para impugnar?
Inédito
Para el TEPJF “un caso paradigmático” fue la anulación de la elección para gobernador en el estado de Tabasco en 2000.
En octubre de aquel año el Consejo del Instituto Electoral de Tabasco realizó el cómputo de la elección y la declaró válida, por lo que expidió la correspondiente constancia de mayoría al candidato del PRI, Manuel Andrade Díaz.
Sin embargo, el PRD y el PAN se inconformaron ante el TEPJF.
Los magistrados de la Sala Superior emitieron luego “una ejecutoria en el sentido de declarar nula la elección al identificar diversas violaciones graves durante el proceso electoral y en particular en el cómputo”.
Algunas de ellas tenían que ver con “inequidad en el acceso a medios de comunicación, la apertura de paquetes electorales en varios distritos sin justificación excepcional alguna, acciones de compra y coacción del voto, e incluso el hallazgo de material electoral en una empresa denominada Chocoweb, igualmente sin ninguna justificación”.
Los magistrados acuñaron entonces el término de “causal abstracta de nulidad de la elección”, comúnmente conocida como “nulidad abstracta”.
José de Jesús Orozco Henríquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y quien fungió como magistrado al momento en que se dictó dicha ejecutoria, opina sobre la sentencia: “La Sala Superior del Tribunal Electoral envió un mensaje claro a los actores políticos y a las autoridades electorales y gubernamentales sobre el carácter normativo que tienen los principios constitucionales que rigen los procedimientos electorales y el deber de que los mismos sean puntualmente observados para arribar a resultados electorales válidos y legítimos”.
Con la reforma electoral de 2008 la nulidad abstracta quedó sin efecto, toda vez que a partir de las modificaciones constitucionales “las salas del Tribunal no podrán declarar la nulidad de una elección, sino por causas expresamente señaladas en la ley”.
Colima
En octubre de 2003 los magistrados del TEPJF resolvieron anular, con cuatro votos a favor y tres en contra, las elecciones a gobernador de Colima celebradas el 6 de julio de ese mismo año, con lo que invalidaron la victoria de Gustavo Vázquez Montes, del PRI.
A juicio de los magistrados que votaron a favor de la anulación, el entonces gobernador Fernando Moreno Peña “violó la ley” toda vez que “formuló declaraciones recurrentes en detrimento de los candidatos de oposición; hizo una campaña de difusión de las acciones de gobierno antes y durante las elecciones; acudió a los mítines de los candidatos de su partido; ordenó que se realizaran retenes policiacos en todo el estado el día de los comicios”.
En diciembre de 2003 se celebraron elecciones extraordinarias y Vázquez Montes resultó vencedor.
Doce años después la Sala Superior del TEPJF determinó anular, por mayoría de cuatro votos, la elección de gobernador en Colima, “al establecer que se vulneraron los principios de equidad y neutralidad en la contienda por la indebida intervención de funcionarios estatales en los comicios”.
En este sentido, “revocó el otorgamiento de la constancia de mayoría a José Ignacio Peralta Sánchez, postulado por el PRI-Partido Verde-Panal”.
En febrero de este año se realizaron las elecciones extraordnarias y Peralta obtuvo el triunfo.
Advertencias
Víctor Sánchez Baños, analista político y colaborador de Vértigo, apunta: “En al menos ocho estados los perdedores irán por la judicialización. Algunos analistas ven con preocupación Tamaulipas, donde podrían ocurrir conflictos en más de 20% de las casillas y ello llevaría a la anulación de la elección. Este es un escenario en el primer círculo político del país”.
El senador del PRD Miguel Barbosa Huerta advierte a su vez que en Puebla, por ejemplo, la elección “se judicializará por la injerencia abierta de los gobiernos federal y estatal”, así como por “el uso de recursos públicos, violentando la equidad del proceso”.
También sobre el proceso de Puebla, el senador del PAN Javier Lozano sostuvo hace unos días que “los recursos legales que interpondrá el PRI revelan que pretende judicializar la elección del 5 de junio ante el temor de que su candidata a la gubernatura sea derrotada”.
Asimismo, en Veracruz el PRI expresó: “Tendría que respetarse el resultado de las urnas, pero lamentablemente la oposición normalmente judicializa la elección. En Veracruz en los últimos años hemos sabido quién ganó formalmente unos días antes de la toma de posesión”.
En tanto, Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI, afirmó que su estrategia “no es la judicialización de la elección, pero sí defenderemos nuestros votos y denunciaremos las irregularidades de nuestros adversarios”.
Las advertencias están formuladas.