Una intensa batalla de los ciudadanos contra la clase política se vivió esta semana en el Congreso de la Unión con la discusión de las leyes anticorrupción.
Ante la mirada observadora de ciudadanos y organismos como el Imco, de Juan Pardinas; Transparencia Mexicana, liderado por Eduardo Bohórquez; o el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, de Enrique Cárdenas, los políticos pusieron trabas a incluir la declaración fiscal completa como obligatoria en la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
La declaración fiscal, junto con la de bienes y de intereses, integran el trinomio 3de3 impulsado por la sociedad civil organizada. Quitar uno de ellos, o lo que es lo mismo, permitir solo presentar una constancia o la carátula de que ya se hizo ante el SAT, significa restar efectividad al objetivo central que es una mayor transparencia.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 29 aprobado, dicta: “Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador (del Sistema Nacional Anticorrupción), a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
Es decir, la nueva legislación solo alcanzó para 2de3, porque la fiscal será a medias. Por ello los senadores desecharon incluir en la ley el uso de los formatos de declaración promovidos en la plataforma 3de3 que hasta ahora ha funcionado muy bien para servidores públicos y candidatos.
Y aunque la legislación aprobada será lejana a la iniciativa ciudadana respaldada por más de 630 mil firmas, hay avances destacables. Las declaraciones de los funcionarios sí serán públicas salvo en los datos personales protegidos por la Constitución, como el domicilio particular, entre otros.
No obstante, tal parece que la clase política sigue sin entender el reclamo manifestado por los ciudadanos en las urnas. Y no solo eso: no se han dado cuenta de que están ante una sociedad civil más participativa y observante, que más allá de lo aprobado no cesará de pedirles cuentas.
Devuelvan el dinero
Como la opacidad está en el ojo del huracán, el INE que dirige Lorenzo Córdova aprobó que los recursos dados a los partidos y que no sean transparentados en su uso deberán ser devueltos. Y es que durante las pasadas elecciones 25% de los candidatos, es decir, más de dos mil, no rindieron un reporte de gastos o lo hicieron a destiempo. A ver si así se aplican.
Estilo mata carita…
El Güero Palma fue entregado por Estados Unidos a las autoridades mexicanas luego de cumplir su condena en suelo norteamericano. A este paso, al gobierno mexicano no le conviene dejar ir al Chapo porque se lo van a regresar en unos cuantos años…